Roberto Alcántara, el empresario consentido (Jorge Carrasco/Proceso)

Jorge Carrasco Araizaga | Proceso

Por ser consentido del presidente de la República, al empresario Roberto Alcántara Rojas se le perdona todo –como el caos que provocó una de sus empresas en las casetas de Capufe con la operación del cobro electrónico de peaje mediante el sistema IAVE– y se le concede todo –tal es el caso de contratos de obra por miles de millones de pesos, algunos de ellos plagados de irregularidades. Está destinado a convertirse en empresario modelo del “nuevo México”.

Roberto Alcántara Rojas tiene la gracia presidencial para convertirse en el empresario del sexenio. En menos de dos años de la llegada a Los Pinos de su paisano y cofrade Enrique Peña Nieto, la estructura y recursos gubernamentales puestos a su servicio lo han apuntalado como el exitoso hombre de negocios en México que ha comenzado a invertir en el extranjero.

El favoritismo para asignarle el cobro del peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) con una licitación de fachada que pasó por encima de la normatividad le garantizó para el resto del sexenio recursos en sus nuevas aventuras económicas dentro y fuera del territorio. Con 100 millones de euros de inicio, empezó a invertir en España y se asoció a empresas de ese país con la esperanza de beneficiarse de la millonaria inversión en infraestructura anunciada por Peña Nieto.

El caos que se vivió en las casetas de Capufe durante la primera semana de agosto con el cambio de operador del cobro electrónico mediante el sistema Identificador Automático de Vehículos (IAVE) expuso la protección que goza en el gobierno de su amigo el presidente. Ambos forman parte del llamado Grupo Atlacomulco, del Estado de México.

La inconformidad de miles de automovilistas que a partir del 1 de agosto ya no pudieron utilizar su tarjeta IAVE también puso al descubierto la inexperiencia que Caminos y Puentes Federales pasó por alto, entre otras faltas, para declarar al consorcio que encabeza Alcántara ganador de la licitación internacional para administrar el sistema de telepeaje durante los próximos cuatro años.

A pesar de ser la oferta más cara de la licitación, Capufe le entregó a Alcántara tres contratos por 4 mil millones de pesos (mdp), una cantidad cercana al presupuesto de 4 mil 500 mdp que la Comisión Nacional de Seguridad dispuso este año para echar a andar la Gendarmería, la nueva división de la Policía Federal y gran apuesta de Peña Nieto para reducir la violencia en el país y regresar a los militares a sus cuarteles.

La suma de los contratos no sólo fue de más del doble en comparación con la oferta más barata presentada en el concurso de la licitación, de mil 600 mdp, sino que al final superó en mil millones a la presentada por el propio consorcio encabezado por Alcántara y al que Caminos y Puentes Federales declaró ganador en un cuestionado fallo el 30 de abril de este año.

De acuerdo con los contratos de la licitación, consultados en Compranet, Impulsora de Servicios Terrestres, SA de CV, propiedad de Roberto Alcántara, recibirá 3 mil 997 mdp durante el sexenio por dar el servicio de telepeaje.

Para operarlo, el consorcio ganador creó el 9 de mayo de este año la empresa Telepeaje Dinámico, en la que Alcántara colocó a dos de sus principales operadores, Rodrigo Barreda Zapién y Manuel Durán Labrador, quienes figuran prácticamente en todas las compañías donde el empresario mexiquense tiene intereses.

A diferencia de lo dicho por el director de Capufe, Benito Neme Sastré, al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado el 6 de agosto último, debido al caos generado en las casetas, la nueva empresa está presidida por Roberto Salcedo Robles, otro de los hombres de confianza de Roberto Alcántara. Neme, doble compadre de Peña Nieto, les dijo a los senadores que Telepeaje Dinámico no era de Roberto Alcántara, sino de su hermano Arturo.

Bajo el principio de que política y negocios van de la mano, Roberto Alcántara va por más negocios al amparo de Peña Nieto. Empresario del sector de transporte de pasajeros por tierra y aire hasta el inicio de este sexenio, está anotado para hacerse de contratos en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) del gobierno peñista.

Su primer objetivo es la concesión para operar los trenes que irán de la Ciudad de México a Toluca y a Querétaro. El anuncio lo hizo en Irlanda, durante la Conferencia de Negocios México-Dublín, el 2 de mayo pasado, dos días después de que Capufe lo declaró ganador de la licitación.

Se trata de los dos proyectos más caros del PNI. El tren rápido México-Querétaro tiene un presupuesto total de 43 mil mdp y el México-Toluca 38 mil 608 mdp, según las cifras del propio PNI (Proceso 1969).

Para su proyecto ferroviario, Alcántara creó la empresa Omnitren y se asoció con la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Durante el sexenio de Vicente Fox, CAF ganó en 2005 la licitación para operar el tren suburbano de pasajeros que va de Buenavista, en el Distrito Federal, a Cuautitlán, en el Estado de México.

En el sexenio pasado, CAF fue contratada por el gobierno del Distrito Federal para fabricar los trenes que arrienda para la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ahora suspendida parcialmente por daños en las vías.

Cuando acabe el gobierno de su amigo el presidente, en diciembre de 2018, Roberto Lázaro Alcántara Rojas espera haberse consolidado, por lo menos, como empresario del transporte integral: autobuses, líneas aéreas y trenes.

Cuenta ya, entre otras líneas de transporte terrestre, con Ómnibus de México. A ellas sumó Omnitren y está por lanzar en la Bolsa Mexicana de Valores la firma Omniair. Con esta denominación pretende colocar en los mercados bursátiles a su aerolínea de bajo costo Viva Aerobús.

Protagonista de escándalos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por su mal servicio, Viva Aerobús está asociada con Irelandia, de la familia irlandesa Ryan, fundadora de la aerolínea de bajo costo Rynair, desarrolladora de líneas de ese tipo en Europa.

El crecimiento de Roberto Alcántara no quedará ahí. Ya ha comenzado a incursionar en los medios de comunicación. Apenas el 22 de julio pasado se anunció en Madrid su incorporación al Consejo de Administración del Grupo Prisa, al comprar 9.3% de sus acciones. Para esa operación invirtió 100 millones de euros, equivalentes a mil 719 millones de pesos.

Con ese movimiento se convirtió en el accionista individual o referente más importante del grupo mediático español, muy por arriba del magnate Carlos Slim, quien en 2011 ingresó como accionista pero que ahora sólo posee 1.98% de las acciones con derecho a voto.

Se trató del segundo desplazamiento que hace Roberto Alcántara de Carlos Slim en lo que va del gobierno de Peña Nieto. El primero fue precisamente en Capufe. Antes de ganar la licitación del telepeaje, la operación del cobro automático por tarjeta estaba a cargo de la compañía I+D, propiedad de Slim.

Alcántara y Slim son las antípodas del sexenio. Mientras el primero se expande, el segundo ha tenido que vender activos de su empresa América Móvil para no ser declarado preponderante en el sector de telecomunicaciones, y ha visto aplazada hacia el final del sexenio la posibilidad de incorporarse al negocio de la televisión.

En cambio, con su participación en Prisa, Alcántara está en condiciones de entrar al negocio multimedia en México debido al interés de los españoles por participar en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión nacional que se espera se lance en los primeros días de septiembre.

Prisa controla Editorial Santillana, el periódico El País y el canal de televisión Canal+ de España. En México, asociado con Televisa, emporio que mantiene una estrecha relación con Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México, participa en W Radio y en la edición local del periódico El País.

La incorporación de Alcántara a Prisa se conoció en España desde febrero pasado. El corresponsal de Proceso en Madrid, Alejandro Gutiérrez, dio cuenta de que el diario digital El Confidencial adelantó el ingreso y que detrás de la operación estuvo el lobbista Antonio Navalón, vicepresidente y director adjunto del diario Reporte Índigo.

Al tiempo que en Madrid se adelantaba el ingreso de Alcántara a Prisa, en México se anunciaba la sociedad entre Reporte Índigo y el Grupo MAC Multimedia, de los empresarios del Estado de México Luis y Anuar Maccise, cercanos a Peña Nieto y a Arturo Montiel, exgobernador de esa entidad y frustrado precandidato presidencial. MAC Multimedia, también interesada en una de las dos cadenas de televisión, alcanzó en agosto último su propio acuerdo de colaboración con Grupo Prisa.

Cuando Alcántara se incorporó inicialmente a Prisa en febrero pasado, lo hizo a través del Consorcio Transportista Occher, SA de CV, filial del Grupo Herradura de Occidente, SA de CV, con la compra de apenas 0.01% de las acciones (Proceso 1960).

Negocios y más negocios

Los autobuses han sido el gran negocio de Roberto Alcántara. Nacido en 1950 en el municipio de Acambay, de donde es originaria la familia de Peña Nieto y colindante con el municipio de Atlacomulco, se incorporó a esa actividad empresarial iniciada por su padre, Jesús Alcántara Miranda.

Contemporáneo de Carlos Hank González, máximo representante del Grupo Atlacomulco, Alcántara Miranda fue presidente municipal de este municipio en 1958, cuando El Profesor lo era de Toluca. También fue dos veces diputado federal, en 1979 y 1985, y senador de la República en 1994, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien tuvo a Hank entre sus colaboradores.

Dueño de las líneas de autobuses Flecha Roja, Flecha Amarilla, Herradura de Plata y Turismo Triángulo Rojo, heredó las empresas a sus hijos José Luis, Arturo y Roberto, quien se quedó al frente de los negocios. En diciembre de 1994, en cuanto Salinas asumió el poder, creó junto con una veintena de accionistas la firma Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, SA de CV (IAMSA).

Con Salinas también se hizo del Banco de Créditos y Servicios (Bancreser, que después se llamó Bancrecer). Pero la mala gestión, una de cuyas expresiones fueron los autopréstamos de los accionistas, llevó al banco a la quiebra, por lo que, junto con otras instituciones de la banca, tuvo que ser rescatado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en el gobierno de Ernesto Zedillo.

El rescate de Bancrecer fue el más costoso para el erario. Fondeado con más de 100 mil mdp, fue vendido en mil 600 mdp al dueño de Maseca y Banorte, Roberto González Barrera, fallecido en 2012.

Con el PRI fuera del poder, en 2003 el entonces presidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, lo designó al frente de la comisión de Administración y Programación Económica del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En su campaña presidencial de 2006, Madrazo le encargó la comisión nacional de financiamiento.

Consolidada como grupo, IAMSA es dueña de Viva Aerobús, las líneas de autobuses Enlaces Terrestres Nacionales (ETN), Transportes y Autobuses del Pacífico (TAP), Parhi­kuni y Transportes Amealcenses. También tiene la concesionaria de Mercedes Benz, Distribuidora Alemana del Bajío, SA, para la venta de transporte de carga y de pasaje.

Sus líneas de autobuses, que cubren 24 de las 32 entidades del país, están conglomeradas bajo las firmas Flecha Amarilla, Grupo Toluca, IAMSA y Ómnibus de México. En 2004, IAMSA amplió su objeto social al sector hotelero y de la construcción.

Apenas asumió el poder Peña Nieto, inició su despliegue en busca de recursos. En 2013 lanzó la emisión de certificados bursátiles a través de la razón social Servicios Integrados de Pasaje y de Turismo (SIPyT).

El padrinazgo y cobijo presidencial no tardó. En octubre de ese año, en Palacio Nacional, anunció una inversión de al menos 4 mil mdp para comprar 40 aviones Airbus. El anuncio lo hizo ante Peña Nieto y Michael D. Higgins, presidente de Irlanda, de donde es su socio en Viva Aerobús.

IAMSA es la empresa bandera de Roberto Alcántara. A través de Impulsora de Servicios Terrestres, SA de CV, logró la licitación internacional para dar el servicio de cobro, contratación de usuarios, comercialización y suministro de etiqueta (tag), así como los servicios de antenas en la red carretera del Fondo Nacional de Infraestructura y las concesionadas en la región del Golfo y en el centro del país.

IAMSA posee 98% de las acciones de Impulsora de Servicios Terrestres, SA de CV, según el folio mercantil 289068 del Registro Público de la Propiedad del DF. De acuerdo con Compranet, Capufe le dio para estos servicios un contrato por 3 mil 664 millones 993 mil pesos y uno más por 332 millones 993 mil pesos. A otro de sus socios en esta sociedad, Integra Ingeniería, le dio otro por 42 millones 186 mil pesos.

Los tres contratos, que totalizan 4 mil 39 mdp, son para el servicio en las 132 casetas de esas tres redes, que incluyen 479 carriles de telepeaje. Al término de la contratación, el 31 de julio de 2018, deberá haber instalado 600 antenas, toda vez que se incrementarán los carriles de telepeaje. Los recursos saldrán de Banobras, que dirige Alfredo del Mazo Maza, otro de los integrantes del Grupo Atlacomulco.

Debido a su inexperiencia en el cobro de telepeaje, IAMSA se asoció con las firmas de capital español Azvi Cointer de México y Cointer Concesiones y a la mexicana Integra Ingeniería. Creada en 2007, Azvi Cointer de México pertenece al Grupo Azvi, empresa de Andalucía dedicada a la construcción de obra pública. El grupo ha estado bajo investigación por presunto financiamiento ilegal al gobernante Partido Popular.

Pero Azvi de México tampoco tiene experiencia en el rubro, puesto que en España los medios de pago de telepeaje y la comercialización corresponden a las entidades financieras y no a las concesionarias.

No obstante, Capufe dio por bueno un contrato entre esa compañía y el Ministerio de Fomento de España. También avaló como experiencia el manejo de estacionamientos y la gestión de acceso a vehículos en un centro de control de operaciones en el puerto de Valparaíso, en Chile, con tecnología no aceptada a otros licitantes.

Más irregular fue la participación de Integra Ingeniería, que enfrenta problemas fiscales y denuncias ante la Función Pública por incumplimiento de contrato en relación con la entrega de 240 mil computadoras portátiles a la Secretaría de Educación Pública, ya en este gobierno.

Otra irregularidad fue la participación de la española Indra en las pruebas del consorcio ganador para demostrar el sistema de cobro de telepeaje, a pesar de que esa firma no formaba parte de la licitación. Junto con la española OHL, Indra, multinacional en tecnologías de información, tiene concesionado el sistema de telepeaje en el viaducto elevado Bicentenario, en el Estado de México.

A pesar de las violaciones a las bases de la licitación, OHL, que estaba en la lista de concursantes, no se inconformó. Tampoco lo hizo ICA ni ninguna otra empresa de los seis consorcios formados para responder al concurso. Al menos, formalmente.

A las pocas semanas del fallo a favor de Alcántara, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asignó en junio pasado a Constructora de Proyectos Viales de México, filial de OHL, y a Peninsular Compañía Constructora, de Carlos Hank Rhon, el primer tramo del tren México-Toluca. El ganador del segundo tramo fue Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y su filial Construcciones y Trituraciones.

Las irregularidades se conocieron desde mayo pasado, fecha en la que se hicieron públicos los informes previos de la testigo social Mónica Barrera Rivera, y resurgieron a principios de agosto, en medio del caos en las casetas, cuando el consorcio encabezado por Roberto Alcántara no pudo echar a andar el nuevo sistema de cobro electrónico.

El gobierno de Peña Nieto salió a arroparlo. El vocero presidencial y la SCT defendieron la licitación. Neme descalificó a la testigo social y tuvo una fácil comparecencia en el Senado por mediación de Los Pinos, que un día antes de la comparecencia se reunió con los senadores en la residencia presidencial. La Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, antes Secretaría de la Función Pública, avaló también la licitación y la Auditoría de la Función Pública se negó a investigar el proceso correspondiente.