Miguel Ángel Granados Chapa, Reforma
Desde que se discutía en el Congreso la reforma constitucional en materia de elecciones, TV Azteca se ha opuesto a sus principios fundamentales alegando una defensa de la libertad de expresión que no se percibe en su programación diaria. En realidad lo que anima la conducta de la empresa de Salinas Pliego es el crudo pragmatismo de la ganancia. Cada segundo destinado a mensajes electorales, por definición fuera del mercado, es un momento perdido para la comercialización, cuya defensa debe ser enarbolada sin tener que llamarla por su nombre. En tribunales y foros TV Azteca se ostenta como una empresa fervientemente dedicada a hacer valer la ley. Es la persona moral menos indicada para hablar del Estado de derecho, ya que exhibe cotidianamente una abierta infracción a la legalidad. Se trata de la operación, admitida y aun avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de una señal que no le pertenece. El asalto físico a la planta transmisora de Canal 40, el chiquihuitazo del que ya nadie quiere acordarse, se convirtió en usurpación de la pantalla de esa concesión. TV Azteca ha contado para consumar su usurpación a la amnesia colectiva y a un cierto grado de cinismo social que omite considerar la moralidad de una práctica cuando se obtiene provecho de ella. El IFE mismo se suma a la consagración de la piratería cuando dirige a TV Azteca los materiales que deben ser transmitidos en Proyecto 40, cuya concesión no corresponde a la empresa propiedad del señor Salinas, el cuarto mexicano entre los más ricos del mundo.
Los medios vistos por los medios 
La constante rebeldía de TV Azteca contra las decisiones de las autoridades mexicanas exhibe de forma especialmente transparente los problemas conyugales entre los medios de comunicación y el Estado. En el debate alrededor de las acciones de la televisora pueden ubicarse dos límites, que por serlo son correctos e irreconciliables.
Desde un extremo se condena a TV Azteca porque tras su desafío a las autoridades en turno es evidente el desprecio por el bien público y por las instituciones democráticas. Sigue siendo ejemplar el reto que lanzó Salinas Pliego al gobierno mexicano tras el asesinato de Francisco Stanley: ¿para qué queremos elecciones, para qué queremos autoridades?, dijo entonces el dueño de la televisora que, desde la posición de poder que le da ser dueño de dos canales de televisión nacionales, confunde sus juicios personales con lo que es correcto para todo el país. Es poco probable que Salinas Pliego estuviera incitando a la revuelta, como dijeron los más espantados articulistas de entonces, lo más seguro es que simplemente asumiera tener toda la razón. Como López Obrador, por ejemplo. Ahora que está de moda construir analogías a partir de un solo rasgo personal podría colocarse en el mismo saco al paladín de la izquierda callejera y al adalid del capitalismo sin valores: YO tengo razón y si sus instituciones “democráticas” no me la dan me arrogo el derecho de entrecomillarlas y mandarlas al diablo.
En otro polo del debate se destaca que la lógica de Salinas Pliego es simplemente irreprochable. TV Azteca es una empresa y como tal su única responsabilidad está ante los accionistas, su único objetivo es obtener ganancias. Argumentos como los de Granados Chapa, que reclama poner la lógica comercial antes del bien común, Salinas Pliego puede con toda razón desdeñarlos: ¿cuándo dijo él que iba a dedicarse al bien de México? La responsabilidad social empresarial, como dijo el mismo dueño de TV Azteca en una entrevista, no es un must sino un maybe. Por eso si las instancias judiciales le permiten enfrentarse a las decisiones del congreso, mal haría en no hacerlo: la razón de ser de una empresa es obtener beneficios privados, no públicos.
Ahora que se habla de promover una tercera cadena de televisión sería importante tomar en cuenta que si todo el debate se centra tan solo en la relación entre los medios y las autoridades nunca se llegará a ningún lado porque como tanto los dueños de los medios como sus críticos hablan de dos cosas completamente distintas, los dos tienen razón. El verdadero quid del asunto está en la discusión más amplia alrededor del conflicto entre intereses privados e intereses públicos. La única pregunta capaz de guiar un debate sobre el tema debe enunciarse sin eufemismos: ¿cuál debe prevalecer? Por lo pronto la situación es de suma cero: lo que gane uno lo perderá el otro, así que una negociación amistosa no es un escenario posible, no porque alguien vaya a perderlo todo sino porque nadie gana algo que no arrebate al contrario. Entonces, en el enfrentamiento entre dueños de medios y políticos o, en este caso, entre el IFE y TV Azteca, alguien saldrá con más poder y alguien con menos. Haz tus apuestas: ¿las instituciones democráticas o los empresarios mediáticos?
Claro que hay que recordar que al enmarcar la discusión de esa forma también se parte de un supuesto más profundo: que los intereses privados no coinciden con el interés público y que las instituciones democráticas sí lo hacen. Es imposible dejar de lado los cuestionamientos contra la reforma electoral que TV Azteca no se cansa de atacar: ¿de verdad el IFE y el Congreso trabajan por el bien de los mexicanos, o también sirven a ciertos intereses privados?
Si TV Azteca tiene razón, la lucha en los tribunales se da entre dos grupos de interés particulares: dueños de medios contra dueños de partidos. Si el interés de alguno de esos sujetos coincide con el de los ciudadanos, puede que ganes cuando acabe el juicio. Si no, puedes elegir entre ser espectador de un divertido pleito de cantina o buscar ganar espacios para ser tomados en cuenta cuando se toman las decisiones políticas. Lo primero es más fácil y mucho más entretenido.