Más allá de #PanamaPapers: Alberto Aguirre (El Economista)


 

Más allá de #PanamaPapers

Alberto Aguirre M.  /  El Economista

OCT 2, 2016

Un semestre ha transcurrido desde los Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación liberó la base de datos que contenía los archivos de los clientes del despacho Mossack Fonseca y el escándalo en ciernes obligó a los representantes de las oficinas recaudadoras de impuestos de 24 países a sostener una reunión urgente, en la sede de la OCDE, en París.

Formalmente, en la agenda estaban las deliberaciones sobre la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal —que entrará en vigor en noviembre próximo y tendrá efectos a partir del 2017— pero esa reunión —celebrada el pasado 13 de abril— inevitablemente estuvo dominada por la filtración. Cada transacción se extiende a través de una serie de diferentes jurisdicciones y puede implicar múltiples entidades e individuos.

La colaboración entre las administraciones tributarias sería la única alternativa para cazar a los evasores y afrontar conjuntamente las consecuencias de la filtración. Justo ese día, en la Ciudad de México, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, formalizaba —por escrito— una solicitud de información al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz. La colaboración entre las áreas de los dos funcionarios mexiquenses sería expedita, pero —ahora se sabe— esos reportes no pueden ser utilizados para cazar a los evasores fiscales.

En París, los enviados del SAT recibieron la invitación del Grupo Internacional de Trabajo Conjunto sobre Inteligencia Compartida y Colaboración (JITSIC, por su sigla) para regresar en tres meses a la capital gala, para participar en un workshop. Y es que los Panama Papers apenas habían comenzado. De acuerdo con Marina Walker, vicepresidenta del ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), los 2.6 terabytes de datos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung incluían 11.5 millones de archivos sobre más de 210,000 empresas.

En este lapso, una treintena de países ha iniciado investigaciones, ya sean civiles o criminales, contra funcionarios públicos —el primer ministro de Islandia tuvo que renunciar al cargo—, líderes partidistas, federativos, deportistas y otros protagonistas del mundo del espectáculo que presuntamente habrían ocultado su riqueza en el sistema financiero offshore.

Hay 55,000 millones de dólares en los paraísos fiscales o en países con bajas regulaciones fiscales. Y a partir de los Panama Papers, los administradores tributarios fueron a la caza de los evasores exhibidos. En México, esta deficiencia recaudatoria equivale a 3.1% del PIB y sobre las 40 personas físicas enlistadas, el SAT hizo una revisión exhaustiva (aunque de sobre 14, ya había iniciado una auditoría por hechos diferentes).

Funcionarios tributarios de 13 administraciones del JITSIC tomaron la decisión de trabajar juntos en un proyecto que implica una estructura que facilite la evasión de impuestos. Después de una serie de conferencias telefónicas durante la cual los miembros del proyecto discutieron preocupaciones, expectativas y objetivos, se organizó un taller.

La compulsa o la solicitud de información a través de los acuerdos amplios de información con otros países firmantes del Acuerdo de Autoridad Competente podría demorar hasta dos años.

De acuerdo con Marina Walker, la mitad de los archivos filtrados aún está pendiente de publicar o por estudiar, no obstante que más de medio millar de periodistas han colaborado con ICIJ en la interpretación de las bases de datos y se han formulado dos grandes revelaciones: los Panama Papers y los Bahamas Leaks.

“Todavía tenemos historias por descubrir… Tenemos nueva data. Estamos muy entusiasmados”, resumió la vicepresidenta del ICIJ a los editores de la página digital Kienyké, de Bogotá, donde el pasado fin de semana impartió un taller sobre periodismo colaborativo a 60 reporteros —entre ellos cinco de México— que acudieron al festival anual de la Fundación Nuevo Periodismo de Investigación.

Antes de la primera publicación, sostuvo Walker, su principal preocupación era mantener en secreto la información. Ahora, son las consecuencias jurídicas que podrían afrontar los reporteros que han divulgado las historias.

“Hay gente con mucho dinero, afectada por estas investigaciones, para las que iniciar un juicio podría ser casi como un divertimento, aunque sepan que van a perder, (pues) tienen el dinero para iniciar un juicio y eso puede ser una gran distracción o incluso destruirnos”, advirtió.

En México, el ICIJ incorporó al semanario Proceso, al portal digital Aristegui Noticias y al observatorio ciudadano México Unido contra la Corrupción y la Impunidad entre sus asociados. Y después de la divulgación de los Bahama Leaks, estarían en el supuesto anteriormente enunciado.

El escenario de reclamaciones por indemnizaciones, ante demandas por difamación y daño moral podrían complicar aun más el trabajo para estas ONG dedicadas a la transparencia, cuya sobrevivencia depende 100% de los donativos. “Luchamos por cada peso y cada céntimo que tenemos porque no es fácil reunir dinero para el periodismo de investigación, que es caro por definición. Cómo se va a financiar y cómo se va a sostener el periodismo de investigación en el corto y mediano plazo es una pregunta que tenemos que resolver”, sentenció Walker.

 

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