La hora del apagón: Alberto Aguirre (El Economista)


Por Alberto Aguirre, publicado en El Economista

Otra vez en una sesión nocturna, demorada, sin consensos y con profundas dudas sobre la legitimidad de la propuesta para prorrogar el apagón analógico para los operadores de la televisión abierta, los senadores dictaminaron una iniciativa descalificada, por sus intenciones, y peligrosa para la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón fueron acusados de tratar de beneficiar al duopolio televisivo. Su compañero de bancada, Javier Corral Jurado, también enfrentó graves acusaciones. La bancada del PAN, en su conjunto, absorberá el costo de sacar adelante esta propuesta. Al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta lo han acusado por la celeridad en su propuesta —turnada apenas hace una semana, con ampliación para su dictamen a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía—, pero también por su falta de técnica legislativa.

Dictaminada en comisiones, la iniciativa postulada de Gil Zuarth para modificar el artículo décimo noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y supuestamente proteger a los medios públicos —que para estas alturas ya deberían estar articulados por el OPMA—, llegará tarde al pleno, sin grandes variaciones: aquellos operadores que no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre del 2015, deberán notificar su situación al IFT, a fin de que les autorice suspender temporalmente sus transmisiones hasta por un año en tanto actualizan sus sistemas. Quienes utilizan el espectro radioeléctrico para brindar el servicio público de radiodifusión son definidos, por la misma ley, como concesionarios o permisionarios (es decir, medios públicos, culturales, educativos). La propuesta de Gil serviría para referirse a ellos como “operadores”, indistintamente.

Entre gritos y sombrerazos, la prórroga para las televisoras públicas, educativas y culturales que no estén en condiciones de transitar a la señal digital quedó en segundo plano. Y entre réplicas y contrarréplicas, Corral Jurado volvió a ubicarse en el centro de la polémica luego de que acusara al duopolio televisivo de embozar una legislación que terminaría por beneficiar a las estaciones de uso comercial o privado.

La discusión de este tema trajo enseñanzas y sorpresas. Por ejemplo: existen 717 estaciones de televisión “principales” y 907 complementarias. Y entre estas últimas, 846 son concesiones, por apenas 61 que operan permisionarias, casi todas adscritas a gobiernos estatales y dependencias.

Corral Jurado puso el dedo en la llaga cuando estableció —basado en informes de la Unidad de Medios Audiovisuales del IFT— que sólo 67 de las 907 estaciones complementarias están digitalizadas y otras 313 tienen solicitud de migración, aunque todavía no se han convertido al sistema digital y más de la mitad (466) ni siquiera cuenta con una solicitud de migración ante la autoridad. “No invirtieron en ellas por falta de interés en términos económicos”, acusó.

No obstante, el 30 de septiembre, el IFT publicó un acuerdo que permitirá a las estaciones complementarias (de baja potencia, que cubren 2.7% del país) transmitir analógicamente, hasta una nueva determinación.

La CIRT juzgó como fantasiosos esos señalamientos del legislador panista y los ubicó como una argumentación vacua y revanchista. Miguel Orozco Gómez, en su calidad de director general de la CIRT, firma las misivas. El funcionario de ese órgano es hermano del senador Javier Orozco Gómez, adscrito a la bancada verde.

Las acusaciones sobre el revanchismo del legislador panista quedaron en segundo plano, sin respuesta alguna. El origen de esta polémica se remonta una década atrás, cuando Corral Jurado compitió, como abanderado del PAN, a la gubernatura de Chihuahua. Y en concreto, por el adeudo de una pauta publicitaria y tuvo que asumir directamente el candidato por mandato judicial, tras del reclamo por la vía civil interpuesto en su contra por Televisora de Occidente, filial de Televisa en aquella entidad federativa, ante el juzgado cuarto del distrito de Morelos.

El PAN nunca se deslindó del asunto e 
 incluso depositó un cheque —según consta en el expediente 941/05— en el juzgado con recursos suficientes para cubrir la deuda original, pero el ex candidato incurrió en morosidad. A principios de este año, el juez Arnulfo Melgar Márquez procedió al embargo de un terreno de 15 hectáreas, ubicado en el ejido Nombre de Dios, que fue puesto a remate. Los últimos dos avisos fueron publicados el 13 y el 21 de octubre pasados en la edición vespertina de El Heraldo de Chihuahua y la subasta finalmente se concretó hace 10 días.

EFECTOS SECUNDARIOS

ENROQUES. El Ejecutivo federal remitió al Senado ocho nombramientos, de cónsules y embajadores, que implican un reacomodo en la cancillería y representaciones de México en el exterior: Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco deja la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la SRE para irse a París como embajador, en lugar de Agustín García-López Loaeza, quien a su vez irá a Montreal. El ex secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, será el nuevo embajador en Italia y Eloy Cantú Segovia irá a Bruselas, donde también asumirá la representación mexicana ante la Unión Europea que deja Juan José Ignacio Gómez Camacho para irse a Nueva York, como jefe de la Misión Permanente ante la ONU, que deja Jorge Mario Montaño y Martínez, quien pasa a retiro. Eréndira Araceli Paz Campos será transferida de Manila a Caracas; Linda Marina Dolores Munive Temoltzin será la nueva cónsul en Río de Janeiro, y Alejandro Estivill Castro va al consulado en Quebec.

Ver nota original.

 

 

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