Nuevas amenazas a la libertad: Alberto Aziz Nassif (El Universal)


Por Alberto Aziz Nassif, publicado en El Universal

¿Cómo se relaciona la censura de la que fue objeto Carmen Aristegui en su programa radiofónico en marzo pasado, con la reciente iniciativa del senador Omar Fayad sobre el ciberespacio, Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos? La respuesta se encuentra en el reciente reporte de Freedom House (FH), Freedom on the net 2015, en donde México aparece como uno de los países más “hostiles” hacia el periodismo y los blogueros. Nuestro país se encuentra ubicado en el sitio 39, entre Túnez y Zambia, con países calificados de ser parcialmente libres, por tener serios obstáculos en el acceso, límites en los contenidos y violaciones en los derechos.

En México hay una mezcla terrible contra las libertades, por la violencia del crimen organizado, por la debilidad de un Estado que ha sido incapaz de defender la libertad de expresión y por el afán de censura y restricción hacia las redes sociales por parte de un gobierno desprestigiado que no sabe cómo hacer frente a la información independiente, un espacio que no ha podido controlar.

Desde que se dio a conocer el reportaje sobre la casa blanca, el gobierno de Peña se vio severamente cuestionado por el conflicto de interés que estaba detrás de este tipo de propiedades. No se encontró otra forma de resolver el problema que ir en contra del mensajero, de los periodistas que hicieron el reportaje. La paradoja es que esa investigación ha recibido múltiples premios dentro y fuera del país, pero el programa de radio fue cancelado cuatro meses después del reportaje. Ahora el senador Fayad del PRI ha presentado una iniciativa que prendió las alarmas en las redes y en las organizaciones que tutelan los derechos de libertad de expresión en los medios de comunicación y en las redes sociales.

De acuerdo con la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), se trata de la “peor iniciativa de ley sobre internet e informática en la historia” (EL UNIVERSAL, 30/X/2015). La iniciativa Fayad intenta tipificar de forma ambigua una serie de delitos que pueden caer fácilmente del lado de la censura y la criminalización de las redes sociales. Define términos como “arma informática”, “ataque cibernético”, “terrorismo informático”. La iniciativa establece como delito las acciones de acceder, interceptar, interferir y usar sistemas informáticos, así en el artículo 16 cualquiera que pueda decir una edad que no tiene, puede considerarse una alteración y por ello ir 8 años a la cárcel. En materia de censura hay una serie de artículos que no tienen desperdicio, por ejemplo el 22: “A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, obtenidos por cualquier medio, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente”. En caso de aprobarse, ahora cualquier persona, periodista o medio de comunicación, que difunda o circule un texto, documento, fotografía, puede ir a la cárcel hasta por 12 años. La organización R3D indica que en el artículo 3 fracción II, en donde se hace alusión al “terrorismo informático”, se penaliza con cárcel la “difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública.” Con lo cual la crítica al gobierno se puede juzgar como “arma informática” y constituir una acción criminal.

Estamos ante una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información. Pero la paradoja es que en el contexto del país que analiza FH, ha habido ataques y agresiones a espacios de periodismo independiente y no ha habido ninguna sanción. Estamos ante la lógica de castigar al mensajero, acciones que se repiten ahora como pasaba en el viejo régimen. Entre junio de 2014 y mayo de 2015, hubo ciberataques a organizaciones que defienden derechos humanos, como: e-consulta, Sin embargo, Artículo 19 y Aristegui Noticias. Con esta iniciativa de ley, la autoridad tendría materia para criminalizar a espacios periodísticos independientes por ser “armas informáticas”. Desde aquí decimos: ¡No a la censura!

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