Apagón legislativo; Raúl Trejo Delarbre (Crónica)


Por Raúl Trejo Delarbre, publicado en (Crónica)

Televisa exige y los legisladores condescienden. Con notable ligereza, hay senadores y diputados dispuestos a modificar la fecha que ellos mismos aprobaron para que en todo el país se generalice la televisión digital. Con esa medida no buscan proteger a las familias que no han cambiado de televisor. Tal premura favorece los negocios de Emilio Azcárraga Jean.

Desde hace más de once años el gobierno y las estaciones de televisión tuvieron que haber tomado medidas para cambiar del sistema analógico, al de carácter digital. El 2 de julio de 2004 el presidente Vicente Fox expidió un acuerdo para iniciar ese tránsito con fases que terminarían a fines del entonces lejano 2021. Luego, el 2 de septiembre de 2010, el presidente Felipe Calderón resolvió adelantar la fecha del “apagón”, para el 31 de diciembre de 2015. El 2 de mayo de 2012 la Comisión Federal de Telecomunicaciones ratificó esa fecha.

El plazo del último día de 2015 fue llevado a la Constitución cuando se hicieron las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicadas el 11 de junio de 2013. El artículo 5o. Transitorio de dicha reforma señala ese día para concluir la transición digital terrestre de la televisión.

A los partidos y legisladores les interesó garantizar esa fecha, incorporándola en el rango jurídico más alto, para asegurarse de que las televisoras no quisieran modificarla. Enmendar la Constitución es más difícil que alterar una ley federal porque se requieren dos tercios de la votación en ambas cámaras federales y más de la mitad del respaldo de los congresos estatales.

En diversos países del mundo el día en que toda la televisión debe transmitir en formato digital ha sido considerado como un asunto técnico que, inclusive, puede modificarse sin que nadie se sorprenda. En Estados Unidos el apagón se difirió en varias ocasiones. En México, en cambio, esa fecha tiene adicionales implicaciones económicas y políticas por varios motivos.

El tránsito al formato digital es un camino para ampliar las opciones en televisión. En la frecuencia en donde hasta ahora cabía un canal, ahora pueden difundirse las señales de tres o cinco. La televisión en nuestro país ha estado sujeta a una inusitada concentración. Todavía hoy, Televisa y Televisión Azteca tienen el 95% de las concesiones para televisión comercial. El tránsito digital significa entre otras consecuencias una vía para la pluralidad y, con ello, el comienzo del fin de la hegemonía televisiva de dichas empresas.

A fin de facilitar ese tránsito las televisoras recibieron, a partir de 2004, una frecuencia adicional a la que ya tenían. En una de ellas podrían transmitir en formato digital y en otra mantener la señal analógica. La frecuencia adicional, la tienen que regresar al Estado cuando solamente haya televisión digital. Algunas frecuencias habilitadas temporalmente para canales de televisión se encuentran en la banda de 700 MHz, que ha sido reconocida como una de las más propicias para la transmisión de telefonía inalámbrica.

En México la reforma de hace dos años dispuso que, al concluir al cambio a la televisión digital, la franja de 700 MHz fuese destinada para una red nacional de banda ancha creada por el Estado y con participación privada. Uno de los propósitos centrales de esa red es llevar internet y telefonía celular a zonas del país a donde las empresas privadas no han querido llegar. Ese proyecto quedaría afectado si se difiere el apagón analógico.

Tanto el tránsito a la televisión digital, como las reglas para que funcione la red nacional compartida, están a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Algunas decisiones del Ifetel, como la reciente negativa a considerar que Televisa tiene dominio sustancial en el mercado de la televisión de paga, han beneficiado a las actuales televisoras. Pero otras no, comenzando por la declaración de preponderancia que el Ifetel hizo en contra de Televisa en marzo del año pasado y que significó la imposición de restricciones para que se expanda en el mercado de la televisión abierta. Resoluciones como esas han disgustado sobremanera en dicha empresa, que siempre se había desarrollado sin auténtica regulación. A eso se debe, entre otros motivos, que ahora Televisa encabece las exigencias para que el apagón analógico sea postergado. En ese episodio, la empresa de Emilio Azcárraga Jean encuentra una oportunidad para golpear al Instituto. Además hay causas económicas muy específicas detrás de esa exigencia.

En enero próximo deben comenzar las transmisiones de la cadena de televisión nacional cuyas frecuencias ganó, en una conocida licitación, el Grupo Imagen. La autorización que tiene la nueva cadena es para transmitir en formato digital. Si el apagón se pospone, tendrá una limitación adicional a las condiciones que estaban garantizadas en las bases de licitación. Televisa y TV Azteca saldrían ganando si su nuevo competidor se estrena con esa restricción.

Por otra parte, en estas semanas Televisa está negociando con sus anunciantes los contratos de publicidad para 2016. Las tarifas suelen ser asignadas de acuerdo con las previsiones de audiencia. Si se obstaculiza el desarrollo de la nueva cadena, las estimaciones de rating para Televisa serán mayores y sus ingresos publicitarios aumentarán.

Ese consorcio también obtendría ventaja si se posterga la red compartida de banda ancha. Las empresas de Televisa que ofrecen internet, telefonía y televisión de paga están buscando más suscriptores, sobre todo ante la obligación que tiene Telmex para reducir su presencia en esos mercados. La red estatal de banda ancha sería una nueva competencia para empresas de telefonía como las que forman parte del Grupo Televisa. Cada día que se aplace el funcionamiento de la red estatal será un día más a favor de la expansión de Televisa en ese mercado.

El motivo aparente para diferir el apagón analógico es el retraso en la instalación de televisores digitales o de equipos decodificadores para que los viejos televisores puedan recibir señales digitales. En Monterrey, en donde el apagón analógico se produjo el 24 de septiembre, una encuesta del Ifetel encontró que el 10.3% de los hogares carecían de televisor digital o decodificador. En todo el mundo, cuando ocurre el apagón analógico hay hogares que se quedan sin televisión. El establecimiento de una fecha perentoria es, precisamente, para que los usuarios se preparen ante ese cambio tecnológico.

En México el Estado resolvió distribuir televisores entre las familias con menores recursos económicos. Es previsible que esa distribución avance en las próximas semanas. De todos modos, el porcentaje de hogares en Monterrey sin televisión digital no es sorprendente. La política de transición prevista por el mismo Ifetel establecía la posibilidad de anticipar el apagón en las zonas en donde al menos el 90% de los hogares de escasos recursos tuvieran equipos aptos para recibir señal digital.

Algunas televisoras de gobiernos estatales se han adherido a la demanda para que se postergue el apagón analógico porque no tienen equipos de transmisión para el formato digital. El remedio a esas carencias no es diferir la fecha, sino garantizar que la Federación y los estados aporten los recursos necesarios para renovar transmisores y cámaras.

Con una pequeña porción del dinero público que los gobernadores de tales estados destinan para promoverse en medios comerciales, bastaría para que se resolviera ese apremio. Por lo demás, es imposible considerar que esa exigencia sea ajena a los afanes de Televisa si se considera que la actual presidenta de la Red de radiodifusoras de los estados, la señora Susana Solís, es una antigua empleada de ese consorcio. Ha sido corresponsal de Televisa en Chiapas, en donde ahora dirige el Sistema estatal de Radio y Televisión. Para ocupar ese cargo fue designada por el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco, cuya adscripción al Partido Verde lo emparenta con el interés de las televisoras.

Otros medios públicos, en cambio, serían perjudicados si el apagón se posterga. Desde hace varios meses el Sistema Público de Radio y Televisión del Estado Mexicano difunde su propia señal abierta en frecuencias en las que, además, conduce las señales de Canal Once, Canal 22 y TV UNAM. Se trata de señales digitales que llegan a casi el 60% del país y que tendrían menor audiencia si no culmina la transición tecnológica.

Son claros los motivos de Televisa para que se difiera el tránsito a la televisión digital. Si los senadores y diputados acceden a esa exigencia no solamente ofrecerán el triste espectáculo del Poder Legislativo arrodillado a requerimientos de una empresa privada. Además Televisa, literalmente, habrá vuelto por sus fueros.

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