La FEADLE: Sergio Aguayo (Reforma)


Sergio Aguayo, Reforma

El ejercicio de las libertades y la violencia cambia por estado y poblado. En el Estado de México, Antorcha Campesina hostiga a un periodista acusándolo de difamador y aprovechándose de la indiferencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR.

Antorcha es una organización política que se ha distinguido por su disciplina y porque se apropian de predios (invadidos, cedidos o comprados) que transforman en base territorial y política ya que los beneficiarios deben participar en marchas, plantones y elecciones. Gobiernan municipios, están en el Congreso y quieren ser partido político en 2024. Este año compitieron con Morena por la presidencia municipal de Texcoco con las siglas del PRI.

Juan Lázaro Santiago es un periodista con 30 años de experiencia. Es director del periódico digital reporterosenmovimiento.wordpress.com que informa de una forma crítica sobre los acontecimientos de la zona oriente del Estado de México. Balbina Flores, ex corresponsal de Reporteros sin Fronteras, considera que hace un trabajo serio en una entidad violenta donde la libertad de expresión y los estándares profesionales del periodismo son todavía jóvenes.

El 4 de mayo de 2015 el portal de Juan Lázaro informó que la PGR detuvo a unos secuestradores y que entre ellos estaba María de Lourdes Martínez Hernández, La Jarocha, “líder” de Antorcha en Chimalhuacán. Cometió una imprecisión grave: lo presentó como un hecho verificado cuando sólo se basaba en el dicho de una candidata de Morena, Delfina Gómez. Antorcha negó que La Jarocha fuera gente suya y denunció penalmente a Juan Lázaro ante la PGR por atacar al “orden y a la paz pública”.

Juan Lázaro también publicó el acta de nacimiento del candidato a presidente municipal de Texcoco por el PRI, el antorchista Brasil Acosta Peña. El candidato denunció penalmente al periodista, acusándolo de “discriminación” porque aclaró: “no nací en Texcoco por razones circunstanciales, [pero] eso no me quita lo texcocano”. Según los criterios internacionales las denuncias por abusos en la libertad de expresión deben ser civiles, jamás penales.

Otros diarios publicaron la información sobre La Jarocha, pero Antorcha centró sus ataques en Juan Lázaro. Les solicité una explicación y su respuesta fue que “lo demandaron a él porque fue el primero que difundió la información. Los otros medios usaron como fuente lo que se afirmó en Reporteros en Movimiento”. Los ataques trascendieron lo legal. Antorcha descalificó a Juan Lázaro en boletines y en dos desplegados con extensión de una página en Milenio; fue llamado “mentiroso profesional” y “prostituta mediática” capaz de “enlodar hasta a su progenitora”.

En situaciones de presunto hostigamiento los afectados pueden recurrir a los organismos públicos encargados de defender periodistas. Juan Lázaro fue a la FEADLE pero los agentes del Ministerio Público rechazaron la denuncia sin fundar ni motivar su decisión. ¿Es Juan Lázaro un difamador o Antorcha una hostigadora? La FEADLE no estableció, por ejemplo, si La Jarocha era o no de Antorcha. Según la actual diputada de Morena, Delfina Gómez, la implicada era conserje de una escuela antorchista, y este tipo de trabajos -me dicen conocedores de los métodos de Antorcha que prefieren mantener el anonimato- sólo los otorga esa organización a sus activistas o simpatizantes.

 

Nataly Quintero, abogada de Propuesta Cívica, representa a Juan Lázaro y otros periodistas amenazados ante la FEADLE. Asegura que en esa Fiscalía de la PGR “siempre siguen la ley del menor esfuerzo, mandan las investigaciones a reserva, no fundamentan sus resoluciones y en la mayoría de los casos no establecen si la agresión se debe a la labor periodística de la víctima”. Si esta descripción es correcta -y el caso de Juan Lázaro lo demuestra- la FEADLE no averigua, sólo engorda expedientes destinados al archivo muerto.

México es un país peligroso para los periodistas aunque los riesgos cambian entre entidades y ciudades. La constante es que las instituciones del Estado se ausentan, y esos vacíos permiten que Antorcha quiera enviar a la cárcel a un periodista por una presunta difamación. La procuradora, Arely Gómez, debería reunirse con defensores de periodistas para evaluar el trabajo de la FEADLE, que pareciera ser una burocracia poco interesada en defender a periodistas amenazados. Y luego se sorprenden y ofenden de las críticas que reciben del exterior.

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