Replicados: Sergio Sarmiento (Reforma)


Por Sergio Sarmiento, publicado en Reforma

La clase política quiere presentar un nuevo golpe contra la libertad de expresión como si fuera un triunfo de equidad. El pleno del Senado ha aprobado la Ley de Derecho de Réplica que no busca más que ejercer una nueva forma de censura sobre los medios. “La crítica periodística será sujeta al ejercicio del derecho de réplica”, dijo la senadora Cristina Díaz del PRI, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, al presentar el dictamen.

Efectivamente, éste es el propósito de la nueva ley. Pero censurar la crítica periodística no va a ayudar al progreso de nuestro país.

El derecho de réplica -o, en un castellano más correcto, el derecho de rectificación o de respuesta- ha sido presentado como un avance por muchos políticos. El senador perredista Alejandro Encinas afirma, por ejemplo, que a pesar de que no estuvo completamente de acuerdo con la ley, ya que quería endurecerla, ésta impedirá que la difamación se ejerza con impunidad. Sin embargo, ya hay legislación que por la vía civil castiga el daño moral. Con la Ley de Derecho de Réplica los políticos no buscan evitar la difamación sino apropiarse de manera gratuita de espacios en periódicos y emisoras de radio y televisión.

Si yo expreso un punto de vista crítico en contra de algún político, o si lo acuso de corrupto, la Ley de Derecho de Réplica obliga al medio en el que escribo o comento a darle un espacio igual en tamaño y ubicación para que presente su punto de vista, aunque no tenga argumentos para llevarme a un juicio por daño moral. Como muchos se pueden decir agraviados por la misma información o comentario, 200 o 300 personas podrían exigir el derecho de réplica. El medio tendría que dedicar todo su espacio para cumplir y esto lo llevaría a la quiebra.

En Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones estableció en 1949 una “doctrina de equidad”, la fairness doctrine, para obligar a las emisoras de televisión a presentar temas controvertidos de importancia pública de forma “honesta, equitativa y equilibrada”. Esto llevó a los políticos a exigir tiempo para expresar sus puntos de vista en respuesta a los de sus rivales. El resultado no fue crear una mayor equidad sino ahogar la expresión de críticas en televisión. En los periódicos, donde no se aplicaba esta doctrina, se mantuvo la tradición de crítica a los políticos.

La Suprema Corte determinó en 1974 (Miami Herald […] vs Tornillo) que la doctrina de equidad violaba la primera enmienda constitucional que garantiza en la Unión Americana la libertad de expresión. El entonces presidente de la Corte, Warren Burger, argumentó que obligar a los medios a dar acceso a distintos puntos de vista “inevitablemente reduce el vigor y limita la variedad del debate público”. La doctrina fue eliminada definitivamente por la Comisión Federal de Comunicaciones en 1987. El resultado ha sido un resurgimiento del debate político en los medios electrónicos estadounidenses.

En México, sin embargo, vamos para atrás. Los políticos están obsesionados con eliminar las críticas. El artículo sexto de la Constitución, que debería salvaguardar la libertad de expresión, fue modificado en 2007 para incluir la frase: “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”. La falta de ley reglamentaria había sido hasta ahora un obstáculo para la censura, pero hoy el Senado ya ha aprobado la ley que la permite.

Es paradójico que en un momento en que el internet crea espacios de libertad de expresión, los senadores formalizan la censura. Muchos políticos siguen obsesionados con amordazar a la crítica.

  • CARGOS

Isaac Castillo Luna, quien participó en la toma violenta de la dirección de los CCH de la UNAM en 2013, es premiado con la jefatura de fomento educativo en la delegación Cuauhtémoc con un sueldo de 18 mil pesos mensuales. Ayer un grupo de jóvenes tomó la Prepa 8 (mi alma máter) para impedir clases. ¿Será cierto que exigen cargos en la Cuauhtémoc?

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