Una sentencia escandalosa: Eduardo R. Huchim (Reforma)


Por Eduardo R. Huchim, publicado en  Reforma

En un hecho infrecuente, tres magistrados del Poder Judicial de la Federación han sido denunciados (25/09/15) ante el Consejo de la Judicatura Federal por prevaricación, “delito consistente -dice el diccionario de la Real Academia- en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”.

Se trata de María Elena Rosas López, Pablo Domínguez Peregrina y Marco Antonio Bello Sánchez, integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quienes los abogados de la periodista Carmen Aristegui -Javier Quijano Baz y Xavier Cortina Cortina- acusaron por obstrucción y denegación de justicia, al desechar el amparo que había admitido a trámite el juez Fernando Silva García, contra el despido de Aristegui por Stereorey (MVS), cese cuya génesis fue el reportaje de la periodista y su equipo sobre la “casa blanca” construida por una filial del Grupo Higa para el Presidente y su esposa.

El reportaje, publicado en el portal Aristegui Noticias, ha sido premiado en México, EU y Colombia. En este último país, en el marco del Premio Gabriel García Márquez que le fue adjudicado, Aristegui anunció la presentación ante la CIDH de una demanda -respaldada por decenas de periodistas latinoamericanos- contra el Estado mexicano, por denegación de justicia, derivada de la sentencia del Colegiado.

Desde el inicio del litigio, la radioemisora impugnó el auto de admisión del amparo, por considerarlo improcedente, y el Colegiado le dio la razón, revocó la admisión y desechó de plano la demanda (14/07/15). De ese modo, el fondo del amparo no llegó a ser estudiado y resuelto por las instancias jurisdiccionales y también se frustró la aplicación de un novedoso contenido del artículo 5o. de la nueva Ley de Amparo (2013), en el sentido de que “los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad”.

La sentencia del Colegiado dejó de aplicar una jurisprudencia vigente de la Suprema Corte, la 2a/J 54/2012 (10a), la cual establece que el análisis sobre la naturaleza jurídica de la autoridad responsable debe hacerse, no en el auto admisorio, sino en la sentencia de fondo porque al momento de admitir, “el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente”.

 

Y lo que los tres magistrados del Colegiado hicieron fue exactamente eso: al conocer la queja de MVS contra el auto admisorio, desecharon la demanda de Aristegui “al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por no reunir la persona moral de derecho privado señalada como responsable la característica de autoridad para efectos del amparo”. Es decir, determinaron la naturaleza de la responsable cuando no podían hacerlo, como lo señala el rubro de la jurisprudencia citada: “Auto inicial de trámite de la demanda de amparo. No es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo”.

En su afán de justificar lo injustificable, el trío de magistrados apoyó su argumentación en ¡el criterio de un Pleno de Trabajo de Circuito! que, para efectos prácticos, prevaleció sobre una jurisprudencia de la Corte. Para no aplicar ésta, el Colegiado esgrimió dos argumentos difíciles de sostener:

  1. a) La jurisprudencia de la Corte derivó de una contradicción de tesis que involucró demandas de amparo relacionadas con tarifas de energía eléctrica, en tanto que en el caso de Aristegui no se reclamó un acuerdo sobre tales tarifas. (!)
  2. b) Esa contradicción de tesis analizó criterios discrepantes emitidos “bajo el régimen de la Ley de Amparo abrogada que no preveía el amparo en contra de particulares”.

Hay algo peor: en al menos tres antecedentes (02/14, 02/15 y 04/15), el mismo Tribunal resolvió lo contrario que en el caso Aristegui y sí en concordancia con la tesis sobre el auto admisorio. En los tres casos la materia no tuvo ninguna relación con tarifas eléctricas y fueron resueltos cuando ya estaba vigente la nueva ley.

¿Resolvieron los magistrados el caso Aristegui conforme a su libre decisión o se sometieron a la consigna del Príncipe? Es inevitable recordar un reciente señalamiento del presidente de la Corte, Luis María Aguilar: “Todos sabemos que sin independencia, el juez es cualquier cosa menos un juez; será el escribiente de alguien, el mandadero de alguien, pero no un juez” (Reforma, 11/07/15).

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