Anulando derechos: el derecho de réplica: Maria Amparo Casar (Excelsior)


Por María Amparo Casar, publicado Excélsior

Anular las reformas constitucionales es una práctica muy difundida en el sistema político mexicano. Destacan tres vías. La primera es la de no proveer los recursos institucionales, materiales y humanos para hacerlas valer. Casos hay muchos.

El derecho a la alimentación está en la Constitución, pero tenemos 11.9 millones de mexicanos en situación de “carencia alimentaria”. Las policías tienen la facultad de investigación, pero no se les ha dado la capacitación necesaria para que lleven a cabo esa tarea con algún éxito.

La segunda, muy socorrida, es la de hacer nugatorias las reformas por la vía de no elaborar las leyes reglamentarias para hacer realidad el ejercicio de un derecho o traducir un artículo constitucional en una política pública.

Se puede identificar un “manual no escrito” de cómo hacerlo en tan sólo seis pasos que rinden amplios dividendos a la clase política: a) las reformas constitucionales se aprueban con gran cobertura mediática; b) el presidente en turno habla de la colaboración entre los partidos políticos y su responsabilidad al anteponer los intereses de la nación frente a los particulares; c) los legisladores se cubren de gloria porque han puesto a México a la altura de las democracias más avanzadas; d) en un transitorio se fija el plazo para expedir la ley reglamentaria para hacer efectiva la reforma; e) se omite la sanción en caso de incumplimiento; f) pasada la excitación del momento, la deuda reglamentaria se va al olvido. Para ayudar a terminar con esta práctica de simulación, el CIDE lanzó la plataforma llamada “Violómetro Constitucional” (www.cide.edu), en la cual pueden consultarse las violaciones en que incurre el Congreso al no cumplir con sus obligaciones legislativas de expedir leyes reglamentarias —o hacer nombramientos— en los tiempos comprometidos. Ejemplos de ello hay decenas. Uno de los más elocuentes es el de la reforma de 1990, que estableció la obligación de crear el Registro Nacional Ciudadano y estipuló que mientras tanto los ciudadanos debían inscribirse en el padrón electoral. Ese “mientras tanto” sigue durando 25 años después.

La tercera vía es igualmente nociva y perversa. Se trata de diseñar leyes reglamentarias que den al traste con el espíritu constitucional o, dicho de otra manera, que limiten o hasta desfiguren su propósito inicial. Tal es el caso denunciado por Edna Jaime en estas mismas páginas (Excélsior, 25/07/15, ¿Una ley pro-corrupción?) respecto a la Ley de Obra Pública.

El caso del derecho de réplica es ejemplo de las dos últimas vías: la no reglamentación de la reforma constitucional y, llegado el momento, la pretensión de desvirtuar un derecho por la vía de la ley secundaria. La Ley para Garantizar el Derecho de Réplica nos la deben desde 2007: ocho años de “tener el derecho sin tenerlo”. Y ahora que decidieron “juntar voluntades” para aprobarla —el dictamen fue aprobado el martes 22 de septiembre— le ponen condicionantes para limitarlo, cuando no anularlo. Aunque algunos argumentan que el medio quedará en desventaja, no es así. La carga de la prueba recae sobre el afectado, pues según el dictamen antes de que se le conceda el ejercicio del derecho de réplica es él quien deberá “probar” que la información difundida fue inexacta, falsa y agraviante a la persona. Además, es el medio el que tiene la facultad de decidir si el derecho de réplica es procedente o no. Si llegara a considerar improcedente la solicitud de ese derecho, el agraviado deberá promover un juicio. ¿Habrá algún medio que acceda gustosamente a reconocer que se equivocó y a regalar espacio o tiempo para reconocer el error y reparar el daño? Así las cosas, la persona que quiera ejercer su derecho se convertirá casi en automático en víctima de un sistema de justicia que, ya sabemos, no es “ni pronto ni expedito”. Igualmente se requiere sensatez en favor de los medios: no puede pretenderse que el comunicador esté obligado a diferenciar en cada momento la información de la opinión.

El derecho de réplica es fundamental porque complementa el de la libertad de expresión en dos dimensiones. La individual, que busca garantizar el derecho de la persona a defenderse y expresar su punto de vista sobre información falsa o inexacta que le aluda y le genere un perjuicio, y la social, que da la oportunidad a los integrantes de una comunidad a recibir información que puede discrepar de la difundida por los medios de comunicación y que se considere inexacta o desequilibrada. Se “entiende” que los medios se resistan a ser regulados por el derecho de réplica, lo que no es comprensible es que los políticos —blanco preferidos de los medios— se pongan de su lado.

Como afirma Jorge Islas, urge un instrumento que “ayude a generar opinión pública basada en información verdadera, que elimine excesos de burocracia y que sitúe a México como un país que no sólo se preocupa de los derechos de que gozan sus gobernados, sino que se ocupa de garantizarlos”. Ninguno de estos principios está en el dictamen. Quizá debamos esperar otros ocho años.

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