Medios y miedos: Ramón Alberto Garza (Reporte Índigo)


Por Ramón Alberto Garza, publicado en Reporte Índigo

El controvertido caso del desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225 que generó una confrontación legal entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala y el periodista Joaquín López-Dóriga abrió todo un expediente de debate.

El punto más controversial es si Televisa debe entrar o no a ser parte de la controversia. Algunos analistas consideran que el presunto intento de extorsión del periodista y de su esposa se hizo desde el ámbito privado.

Eso sería cierto, si, y solo si, el comunicador y su esposa Adriana Pérez Romo se hubiesen involucrado en el conflicto desde un diferendo de carácter mercantil o estrictamente personal. Pero no es así.

En la exposición abierta que hace Mariasun sobre la presunta intentona de chantaje, el motivo incluye la presunta amenaza abierta de que el comunicador y su esposa harían una campaña mediática para lesionar la imagen del proyecto y en consecuencia frenarlo.

Y cuando se habla de una campaña de medios, si se acreditaran las grabaciones y los videos en los que se lanza la advertencia, las herramientas de las que dispone López-Dóriga para operar son sin duda los tres medios en los que colabora: Televisa, Radio Fórmula y Milenio.

Pero siendo Joaquín el comunicador del noticiero estelar del Canal de las Estrellas, es inevitable que si la presunta amenaza involucra el potencial uso de ese medio para consumarla, la acción ya sale del ámbito personal y privado.

Por eso advertíamos ayer que tanto López-Dóriga como Televisa están obligados a fijar una postura a la altura de la denuncia que con tanto valor civil interpuso públicamente una mujer que se siente agraviada injustamente frente a sus intereses.

Insistimos en que no se trata de un simple litigio. Estamos frente a un caso en el que un personaje de la estatura de Mariasun asume con valor, de frente, con su rostro y no el de abogados o voceros, la defensa de sus derechos.

Joaquín está obligado a dar la cara públicamente para aclarar si la voz de la llamada telefónica intimidante es la suya.

Pero sobre todo si la intentona que hace el abogado de su esposa es real o si la hace a título propio, abusando de los famosos apellidos de la familia.

Televisa, entretanto, tiene la obligación de dejar en claro que como medio no tenía ni conocimiento ni injerencia alguna en la presunta amenaza para iniciar una campaña mediática contra el desarrollo de la empresaria.

El toro tiene que tomarse de inmediato por los cuernos para evitar prolongar la agonía, el litigio, pero sobre todo el veredicto público que suele aparecer antes de que se asuma la sentencia.

Es inevitable que la extensión de un litigio como este termina por impactar seriamente el verdadero patrimonio que tienen tanto el comunicador como su medio: la credibilidad.

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