Avanza la regulación del derecho de réplica (El Universal)

Por Horacio Jiménez y Francisco Nieto, publicado en El Universal

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados alista la aprobación de la Ley Reglamentaria del Artículo 6 Constitucional con la que obliga a cualquier medio de comunicación a publicar o transmitir el derecho de réplica cuando una persona considere que alguna información es inexacta o falsa.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, del cual EL UNIVERSAL posee copia, se prevé que si algún medio de comunicación, agencia de información, productores independientes y cualquier emisor de información no cumple con la publicación o difusión de una réplica o se niegue a cumplir con la sentencia de las autoridades o lo haga fuera del plazo establecido, será sancionado con una multa de 5 mil a 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Es decir, si actualmente el salario mínimo se encuentra en 64.76, la sanción puede llegar a ser de casi 650 mil pesos.

La ley —que será discutida este miércoles en comisiones— consta de 43 artículos y tres transitorios y establece: “La publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita”.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Alejandro Moreno, consideró que es una buena iniciativa porque tiene un gran respeto por todos los medios de comunicación y periodistas de mantener su libertad de expresión y ayudará a perfeccionar la transparencia democrática y a conducir bien la información de manera veraz, clara y objetiva.

 “Esta iniciativa recoge el espíritu de todos los grupos parlamentarios, hay iniciativas desde las que presentaron Jesús Murillo Karam, Pablo Gómez, Fernando Rodríguez Doval, Arturo Escobar y otros, era un tema y una asignatura que estaba pendiente y tenía mucho tiempo que no se consensuaba”.

Antecedentes                             

Desde 2007 se encontraba pendiente la Ley Reglamentaria del Artículo 6 Constitucional, y desde aquella fecha muchos senadores y diputados presentaron diversas iniciativas en la materia; sin embargo, no se había podido encontrar el consenso.

En la 60 Legislatura se presentaron siete iniciativas por los panistas: Alejandro Zapata (PAN), José Antonio Díaz (PAN), Valentina Batres (PRD), Cuauhtémoc Sandoval (PRD), Carmen Mora (PAN), entre otros. En la 61 Legislatura se presentaron cuatro: Jaime Cárdenas (PT), Jesús Murillo Karam (PRI), Pablo Gómez (PRD) y Javier Corral (PAN). En la actual, presentaron: Fernando Rodríguez (PAN), Javier Corral (PAN), Rodrigo Chávez (MC) y Arturo Escobar (Verde).

Según el dictamen, desde 1883, entre otros, en países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido ya habían incluido en su legislación el derecho de réplica en los medios de comunicación.

Obligaciones

De acuerdo con el dictamen, la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada.

A partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica, detalla el documento.

El medio de comunicación podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica cuando se trate de emisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado; cuando no se ejerza en los plazos, cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, cuando sea ofensiva o contraria a las leyes; cuando la información ya haya sido aclarada, cuando la información publicada provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.

Además, según el artículo 38, cuando la información se estime inexacta o falsa, y cuando el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas a la autoridad electoral competente.

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