Nextel-Iusacell: la cuestionable paz
Por Gabriel Sosa Plata, publicado en El Universal
La pregunta sigue en el aire porque en toda negociación, más aún en un conflicto en el que están en juego varios millones de dólares, siempre hay un mutuo conceder. Y vaya que los actores involucrados saben de ello. La versión oficial es que todo fue a favor de la competencia y los consumidores, y que la participación del titular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, para limar asperezas fue clave. Está bien para la foto, pero es difícil de creer.
Algunos colegas han soltado la hipótesis que es parte de los arreglos previos a la autorización de la concentración entre Televisa y Iusacell. Me niego a creerlos porque entonces quedaría vulnerada la independencia y el prestigio de la Comisión Federal de Competencia (CFC), en la que tenemos fincadas la esperanza de que su decisión de esta compra sea razonada, muy analizada y documentada.
También se ha dicho que Nextel ya no impugnará más la alianza Televisa-Iusacell. Si leemos las recientes declaraciones del vicepresidente corporativo de Nextel México, Gustavo Cantú, es casi un hecho que así será. El directivo dijo que su empresa nunca estuvo en contra de la concentración y que sólo se externaron algunos comentarios que fueron atendidos por la CFC.
Sin embargo, la denuncia presentada por Nextel el 8 de julio de 2011 dice otra cosa. Ahí manifiestan claramente que la concentración tiene como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia respecto de bienes y servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados, y es muy enfática en advertir los perjuicios que se generarían en el mercado de los servicios de publicidad en la televisión abierta y de paga.
La mala noticia para ambas empresas es que lo dicho, dicho está. Y la amplia denuncia se encuentra ya integrada en el expediente de la concentración Televisa-Iusacell, aunque ahora exista una opinión diferente del probable afectado. Así que la argumentación será tomada en consideración por la CFC y en el hipotético caso que el órgano antimonopolios prohíba la operación o establezca algunas duras condiciones a Televisa o a Iusacell, Nextel habrá contribuido en ello. Vaya paradoja.
Nextel también anunció que volverá a anunciarse en los canales de Televisión Azteca. Esto sí creo que forme parte de los acuerdos, al igual que el pago de 150 mil dólares que hará Iusacell por gastos judiciales en la Licitación 21, pero -reitero- es poco para lo que está en juego.
En todo caso, suponiendo que todo es por los consumidores y para fortalecer la certeza jurídica, los principales actores de esta batalla quedan muy mal parados. Iusacell, al igual que otras empresas, la Amedi y algunos analistas del sector, cuestionaron la Licitación 21 porque ésta se hizo con nombre y apellido, porque Televisa -antes aliada de Nextel- actuó en el Congreso para exentar del pago de derechos a los ganadores de esta licitación durante dos años, porque las bases del concurso estaban mal hechas y, sobre todo, porque hubo un quebranto al erario público por unos 5 mil millones de pesos. Pero ahora, la supuesta ilegalidad desapareció de la noche a la mañana y por lo tanto quedó atrás el interés para que esto llegue a sus últimas consecuencias. Lo que menos importa es, justo, el estado de derecho.
El comunicado de prensa de la SCT, divulgado el 5 de diciembre, es también interesante. Además de manifestar su beneplácito por el retiro de los recursos jurídicos, dice que con esta acción “se concretarán las inversiones necesarias para el despliegue de las redes”. Pregunta: ¿no nos había dicho en muchas ocasiones SCT, Cofetel y Nextel que, pese a los litigios, no había ningún riesgo en las inversiones?
Más adelante la SCT “reitera el llamado a los concesionarios de telecomunicaciones para que los servicios se presten en un ambiente de sana competencia y dentro del marco de la ley”. Preguntas: ¿sólo compete a los operadores promover la sana competencia? ¿y la responsabilidad del gobierno? ¿no acaso los recursos jurídicos en contra de la Licitación 21 fueron porque la licitación -hecha por el gobierno- tenía los “dados cargados”?
Asimismo, al exhortar la dependencia a que los servicios se presten “dentro del marco de la ley” ¿significa que hay servicios que están fuera de la legalidad? ¿para quiénes fue el exhorto? ¿para empresas que, como Iusacell, legítimamente defendieron sus intereses, o para quien le “quede el saco”?
En fin. Esta historia sobre la que se escribieron miles de páginas, que confrontó con dureza a diferentes actores, que implicó un desgaste de empresas, cuantiosos recursos económicos y humanos, y una enorme cantidad de trabajo para quienes procuran la justicia en el país, durante varios meses, terminó en una sala de juntas o en un lujoso restaurante, con un brindis por los consumidores, mientras la congruencia y la lucha por la legalidad se quedaron esperando la invitación.
Criminalización radio
Y ya que hablamos de certeza ¿no podrían sentar en la mesa anterior a la PGR y a la SCT para retirar los cargos a Juan José Hernández, detenido por operar una radio comunitaria, Radio Diversidad, en Veracruz? La criminalización de quienes instalan radios comunitarias sin autorización se ha convertido en un problema muy grave en México.
Como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesaria una legislación acorde a la sentencia de la Corte para que las emisoras comunitarias obtengan autorización para operar y se establezca un marco jurídico claro sobre su funcionamiento. La AMARC afirma que el Estado mexicano falla al negar un mecanismo fiable de acceso a las frecuencias, pero enjuicia diligentemente a quienes transmiten sin licencia.
