Más claro ni el lodo: la legalización de la ley de la selva
Por Luis Hernández Navarro, publicado en El Universal
El pasado miércoles 23 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legitimó la ley de la selva. Cuatro de los integrantes de su primera sala avalaron, sin pruebas, las calumnias que Letras Libres, dirigida por Enrique Krauze, lanzó sobre La Jornada.
En marzo de 2004, Letras Libres publicó un artículo de su subdirector Fernando García Ramírez titulado “Cómplices del terror”, en el que acusó a La Jornada de colaborar con ETA. No ofreció una sola prueba de ello. Su único argumento fue que el diario estableció un convenio con el periódico Gara, similar al que ha firmado con otras publicaciones en Europa y América Latina. La Jornada tiene en el diario abertzale, editado legalmente en España desde 1999, una fuente de información inigualable sobre un asunto central en Europa.
La calumnia de García Ramírez no es un asunto menor: incriminó al periódico. Cómplice es, según el Diccionario de la Lengua Española, el “participante o asociado en un crimen” o la “persona que sin ser autora de un delito coopera en su perpetración por actos anteriores o simultáneos”. La Jornada exigió públicamente que Letras Libres presentara pruebas de su acusación o se retractara públicamente de sus infundios. En lugar de reconocer su error, la revista siguió adelante con la campaña de difamación contra el diario.
Letras Libres no tenía forma de comprobar sus calumnias contra La Jornada. En múltiples ocasiones a lo largo de los años el periódico ha condenado en sus editoriales la violencia de ETA. Cualquier persona que consulte una hemeroteca o haga una búsqueda en internet sobre el conflicto vasco puede encontrar la posición del periódico sobre el tema. No hallará una sola nota que dé la razón a las incriminaciones de la revista de Enrique Krauze.
Pero no se trató de un mero asunto de lucha de ideas. El libelo de García Ramírez fue parte de una campaña transnacional difamatoria contra el nacionalismo independentista vasco orquestada por el gobierno español, de la que Letras Libres se hizo eco.
Lejos de reparar el daño cometido, el fallo de la SCJN consuma una injusticia. Al actuar contra la razón, legitima el derecho a la calumnia y la difamación. Su decisión afecta no sólo a La Jornada sino también a los lectores, que tienen derecho a una información veraz y a no leer mentiras.
La SCJN se comportó parcialmente. Hace relativamente poco tiempo, en un caso parecido, el de Sergio Aguayo contra Primitivo Rodríguez, dio la razón al primero y obligó a Primitivo a pagar una fuerte cantidad de dinero. Cuando el cardenal Juan Sandoval Íñiguez dijo que no dudaba que los ministros “estén muy maiceados”, el pleno de la Corte emitió un voto de censura contra el prelado.
El fallo no contribuye al debate público. Por el contrario, lo envilece y enturbia. Abre la puerta a la guerra sucia en un momento muy delicado de la vida política nacional. ¿Qué sucederá si en el marco de la próxima campaña electoral un medio de comunicación acusa a uno de los candidatos de ser un asesino?
Se afirma que es incorrecto dirimir las calumnias a los medios y los periodistas en los tribunales. Se cita a Francisco Zarco como argumento de autoridad. “La prensa se combate con la prensa” -se recuerda que dijo el duranguense. La frase, válida para el convulsionado México de mediados del siglo XIX, no lo es en nuestros días, en el que la información se ha convertido mercancía monopolizada por unas cuantas empresas informativas.
Al litigar las calumnias de Letras Libres en la Corte, La Jornada defendió la dignidad periodística. Avalar -como lo hicieron los ministros- que se informe sobre la base de mentiras y difamaciones denigra a los medios de comunicación y a quienes trabajan en ellos. Con su fallo, justificaron a quienes hacen de la profesión una práctica indigna. A partir de ahora habrá quienes desinformarán sin temor a consecuencias legales.
A pesar de ser el victimario, Enrique Krauze quiere presentarse ante la opinión pública como una víctima. No lo es. Al ignorar deliberadamente las fuentes documentales que contradicen su palabra, el asunto pone en entredicho su calidad como historiador. Asimismo, evidencia la práctica de un periodismo prejuiciado, irresponsable, desinformado y falto de ética llevada a cabo por Letras Libres.
Más claro ni el lodo. El fallo de la Corte que legitimó la ley de la selva en el terreno de la comunicación abre la puerta a la degradación política e informativa de nuestro país. La Jornada no participará de las nuevas reglas del juego. Sin renunciar al ejercicio de la crítica será fiel a los principios y valores con los fue fundada. Nuestro compromiso seguirá siendo con la práctica responsable y ética de la libertad de expresión.
Qué complicado se ha vuelto determinar los límites de la libertad de expresión cuando en teoría no deberían de existir límites. La realidad del caso Letras Libres VS La jornada es que utilizando el sentido común es posible afirmar que la demanda del periódico no tiene fundamento ya que como medio de comunicación debiera tener bien sabido que la libertad de expresión no tiene mordaza, o debería tener. Sin duda se entiende que la responsabilidad de García Ramírez como periodista es sustentar con evidencia lo que ha publicado en contra del periódico pero también tiene el beneficio de ser un medio libre de expresar una opinión que finalmente queda como eso, la opinión de un periodista de acuerdo al análisis de ciertas condiciones con respecto a un hecho. En mi opinión, La Jornada ha exagerado con su respuesta.
Sin duda, es un acontecimiento lamentable. Escribir un comentario editorial, como bien escribe García Ramírez en “¿por qué escribí cómplices del terror?, representa una gran responsabilidad para la institución y para el escritor (aunque no lleve su firma). Esto, lejos de una responsabilidad personal, es una responsabilidad ética, propia del oficio periodístico.
Suponiendo la importancia del periodismo como el cuarto poder del Estado, debería garantizarse su integridad. En ese sentido, las autoridades tienen por obligación velar por el bienestar de los periodistas; pero no sucede así: en la actualidad, México tiene el índice más alto de muertes de periodistas, y aparte, autoriza el derecho a la calumnia y a la difamación de los medios. Pareciera que sus acciones están dirigidas a la extinción de la libertad de expresión y el periodismo responsable y veraz.
Además, las cosas son obvias, ¿por qué quitar el apoyo al periódico que ha criticado algunas de las decisiones federales como el conflicto con el SME, por poner un ejemplo? Si bien, la calumnia y el periodismo infundado va a ser permitido, ¿por qué Carmen Aristegui tuvo que dejar su puesto en la cadena CNN al haber vertido su opinión en relación con el presidente de la República?
Resulta indignante que se tomen medidas como ésta, puesto que afectan a cada uno de nosotros, y, para acabar pronto, quieren engañar a los lectores con un simple juego de palabras.
García Ramírez escribió <> con la intención de justificar sus acciones. En él, menciona que según la RAE, la palabra cómplice significa: Que manifiesta o siente solidaridad o camaradería. Aunque es cierto, el diccionario aclara explícitamente que esta definición es correcta cuando se utiliza como adjetivo; sin embargo, el uso que le dio el escritor corresponde al uso como sustantivo, en donde su significado real cambia: Participante o asociado en crimen o culpa imputable a dos o más personas.
Con ello, el periodista está haciendo una fuerte declaración que puede perjudicar la imagen de una institución y ello debe estar fundamentado.
Daniel Fernández-UNAM