Fuego cruzado contra De Swaan
Por Alberto Barranco, publicado en El Universal
Por segunda ocasión en menos de una semana, Televisión Azteca presentó una denuncia de hechos contra el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, bajo cargos de negligencia, tolerancia y favoritismo frente a lo que califica de flagrantes violaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Si en el primer caso se habla de omisión frente a la exigencia de revocar el título de concesión obtenido por Nextel para explotar una red nacional de 50 megahercios en la banda de entre 3.4 y 3.7 gigahercios, en el segundo se acusa una conducta similar frente al uso de la red de Teléfonos de México para transmitir señales de televisión vía su filial Telcel.
Las demandas se plantearon ante la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con lo previsto en los ordenamientos vigentes, de considerar la dependencia encabezada por Salvador Vega Casillas fundadas las acusaciones, De Swaan podría ser sancionado en un abanico que oscila desde una amonestación administrativa hasta su inhabilitación por participar en el servicio público, pasando por el embargo precautorio de sus bienes.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la amonestación podría ser pública o privada, según el grado de persistencia en la omisión.
En el caso de Nextel, la acusación es doble: Desde un ángulo se culpa al funcionario de no aplicar la ley ante las evidencias de que la telefónica estadounidense no ha explotado por años una red nacional concesionada en el espectro de 3.4 a 3.7 gigahercios, pese a haber obtenido la numeración o interconexión.
Desde otro, se señala que De Swaan soslayó la acumulación de la firma de cara a la polémica licitación 21 de espectro de la banda de 1.7 gigahercios.
Como usted sabe, las reglas aprobadas por la propia Cofetel y la Comisión Federal de Competencia señalaban la imposibilidad de las empresas en el mercado de acumular más de 80 megahercios.
Nextel participó bajo la idea de que su tenencia era mínima, lo cual le permitió obtener sin rival en la pelea una red nacional de 30 megahercios.
Telcel, Teléfonos de México y Iusacell sólo podían competir por segmentos regionales de 10, dada la acumulación contabilizada.
En el caso de Teléfonos de México, la denuncia planteada ayer habla de que el presidente de la Cofetel y el jefe de la Unidad de Supervisión de ésta, Manuel Gerardo MacFarland González, han soslayado la violación al Título de Concesión con que opera al transmitir señales de video vía su red, a través de su filial Telcel.
De acuerdo con la denunciante, en este caso la Televisora del Valle de México, “la conducta de los funcionarios ha consistido en no supervisar y verificar a Telmex, y asegurar los bienes muebles e inmuebles que utiliza para transmitir y distribuir señales de televisión que en momento alguno le han sido autorizadas o concesionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Como usted sabe, Telmex se ha defendido aduciendo que la transmisión se realiza por la vía de internet, cuyo espectro no está regulado.
De caber una sanción en su contra, aduce, habría que revisar si los sitios de ese espectro que reproducen señales similares tienen una concesión.
Sin embargo, en la denuncia se insiste en que la transmisión, por ejemplo, de una cobertura de los Juegos Panamericanos en Guadalajara se realiza vía la red pública concesionada a Telmex, lo que no está expresamente permitido en el título de concesión con que opera.
Textualmente se alude a que éste señala que “Telmex no podrá explotar directa o indirectamente ninguna concesión de servicios de televisión al público”.
En la lista de omisiones de la Cofetel se señala que Telmex transmitió en vivo, vía su portal de internet, el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno el nueve de octubre pasado.
Por lo pronto, según los abogados de Televisión Azteca, colocado de espaldas al callejón, Mony De Swaan podría ser inhabilitado hasta por 20 años, además de ser sujeto a sanciones pecuniarias equivalentes a los daños y perjuicios causados al Estado, lo que obligaría a la Tesorería de la Federación a proceder al embargo precautorio de sus bienes. Dos dardos al hilo… en la frente.
