Por José Carreño Carlón, publicado en El Universal
La Revolución se hace justicia. Ante esa mezcla de frivolidad y desinterés con que se terminó de conmemorar el sábado su Centenario —y ante las adulteraciones oportunistas que se elaboran sobre su historia y sus legados—, la Revolución se hace presente como una aparecida cargada de malos presagios.
El problema parece estar, una vez más, en la incapacidad de los grupos gobernantes para valorar y consolidar los logros de una etapa al avanzar en los logros de la etapa siguiente.
El gran tema ausente en las conmemoraciones del Centenario de la Revolución fue que el proceso revolucionario desembocó en un sistema político que atendió al reclamo social de detener el derramamiento de sangre derivado de las luchas por el poder, al instaurar un orden de estabilidad política y seguridades públicas. Y que ese sistema generó, a su vez, un reclamo democrático y de libertades políticas no atendido en varias décadas.
Sólo que, una vez atendido ese reclamo democrático con la instauración de un sistema de elecciones competitivas y alternancia de los partidos en todos los puestos sujetos a elección, los gobiernos surgidos de ese sistema parecen haber pasado por alto que los valores de la seguridad y la democracia no son excluyentes. Y que la moderna sociedad mexicana, que no aceptó más una estabilidad que se vendía a cambio de las libertades democráticas, tampoco parece dispuesta a aceptar un régimen de libertades democráticas que sacrifique la seguridad pública.
El peor escenario a la vista en este Centenario de la Revolución sería, entonces, el de que el actual reclamo social por un orden de estabilidad y seguridades públicas sólo fuera atendible por la restauración de un sistema que volviera a sacrificar a cambio las libertades democráticas, de la misma manera que el actual sistema democrático no ha acertado a atender, en las percepciones públicas, el reclamo por la seguridad.
Democracia o paz
Es cierto que los autollamados “gobiernos emanados de la Revolución” abusaron de la retórica de la estabilidad y la paz social como aportación suprema de esa Revolución. Y que en ese abuso retórico, esos gobiernos —reproducidos dentro de un sistema de supremacía presidencial y partido dominante hasta el año 2000— manipularon con frecuencia el valor de esa estabilidad y la presentaron como sinónimo de inmovilidad y como excusa para inhibir o reprimir libertades.
Pero, en el otro extremo, los gobiernos que desde el año 2000 se ufanan de provenir de un nuevo sistema de alternancia de partidos en todos los cargos de elección, y de ejercer un poder político diluido, parecen haber echado por la borda el legado más indiscutible del proceso que siguió a la Revolución: la pacificación del país.
Las afrentas
Y allí está hoy esa aparecida, la Revolución, cobrándose diariamente esa afrenta con la violencia extendida, sus más de 30 mil muertos en cuatro años y sus crecientes connotaciones políticas: una lista de alcaldes, gobernadores electos y ex gobernadores entre sus víctimas, la más reciente el ex gobernador de Colima Silverio Cavazos. Toda una regresión a los tiempos previos a la institucionalización del proceso revolucionario, con regiones enteras convertidas en tierras sin ley, en manos de bandos contrarios o de bandas de forajidos, y con la triplicación de los asaltos en carreteras, como en los tiempos centenarios de los salteadores de caminos.
Ello, para no hablar de la falta de acuerdos básicos para procesar las desatadas luchas por el poder en todos los órdenes, como sí acertó a hacerlo el proceso revolucionario, con todos sus excesos y defectos. Y allí está otra vez esa aparecida en su Centenario con una pregunta dramática: si las malquerencias entre los revolucionarios que hace 100 años quedaron a flote a la caída del sistema porfirista condujeron a una guerra civil, ¿dónde podrían conducir las malquerencias insalvables de los políticos hoy, que quedaron a flote tras la caída del llamado sistema priísta en 2000?
Académico
