Por Javier Orozco Gómez, publicado en Milenio
La impartición de justicia no es una labor del todo socorrida pues, como ocurre con otros cargos públicos, cuando una determinación judicial es adversa a una persona o grupo su reacción inmediata es de rechazo, lo que es lógico si se recurre legalmente pero se vuelve cuestionable cuando se hace fuera de los cauces jurídicos.
Por unanimidad el Tribunal Electoral determinó que el titular del Poder Ejecutivo Federal no puede estar por encima de la Carta Magna al precisar que únicamente hay tres excepciones a la restricción de difusión de propaganda gubernamental durante el periodo electoral que se analizó: las campañas informativas de servicios educativos, así como de salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Del análisis de los mensajes denunciados, los magistrados coincidieron en que ninguno se encuadra en dichas excepciones y que contenían elementos de acciones y logros del gobierno federal que constituyen propaganda gubernamental.
El gobierno federal y su partido reaccionaron de inmediato al cuestionar la resolución al señalar que nunca se menciona la palabra “voto”, “partido” o “candidato” alguno y que se limitaba la libertad de expresión del Presidente y el derecho a la información de la ciudadanía que debe ser informada de las acciones o tareas que efectúa un gobierno cotidianamente.
En estricto sentido no se violan ni la libertad de expresión ni el derecho a la información del Presidente o de su gobierno, lo único que no ha hecho éste último es cuidar los contenidos de sus mensajes gubernamentales, con todo el dolo y sabiendo hasta donde llegarían sus mensajes, la Segob se dedicó a ordenar la cadena nacional y propiciar la difusión de los mensajes a disposición.
Se podrá decir que, de acuerdo con las leyes en la materia, esa es la función y responsabilidad de Segob, pero lo que no se vale es omitir la temporalidad y cuidado de los contenidos que pueden influir en una contienda electoral, el hacerlo se llama simulación.
El deber de informar lo tiene garantizado el Presidente y la muestra está en el cuarto informe de gobierno que entregará al Congreso, su libertad de expresión está a salvo en sus discursos, entrevistas y boletines que difunden. Lo único es respetar un marco jurídico que aprobaron una mayoría, incluido el PAN, por lo que ahora no se vale llorar.
