Por Javier Orozco Gómez, publicado en Milenio
Tras un proceso transparente y con apego a sus bases, en el que no faltaron los amparos, “académicos” y hasta declaraciones de legisladores; el hecho, es que ahora la licitación 21 en telecomunicaciones, referente a la banda de frecuencia de 1.7 GHz se encuentra en su fase decisoria, es decir, el fallo que dé la Cofetel para saber quiénes serán los ganadores.
Más allá de dar una opinión que busque enfrentar o contestar las barbaridades que se han expresado, deseo compartir una reflexión en la que quizá, muchos que lo saben, han sido omisos en decirlo.
Nuestro país se caracteriza por tener déficit de infraestructura y el sector telecomunicaciones no es excepción. Actualmente existe evidencia de que ese capital complementario a la operación social es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población mexicana y de su aparato productivo.
Este déficit tiene dos dimensiones: primero, se refiere a la falta de infraestructura que provea servicios a la demanda nacional a precios competitivos, mientras que la segunda apunta a la subutilización del espectro o infraestructura existente, en manos del gobierno. Por ello su no utilización representa un costo de oportunidad social y un desperdicio fiscal en términos de recaudación de corto y mediano plazos.
Esta situación nos ubica en el plano internacional en el penúltimo país dentro de una lista de 31 países de la OCDE, en materia de inversión en infraestructura de telecomunicaciones. La falta de infraestructura no sólo limita los beneficios al interior del país, sino que adicionalmente conlleva una desventaja competitiva con el resto del mundo, transfiriendo los costos de la misma directamente a la productividad nacional.
Ha quedado demostrado que la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, tiene efectos positivos en el crecimiento económico de un país. Tanto por la compra de equipos como antenas, switches y cables, entre otros, se incrementa la demanda por bienes y servicios; y porque existe un efecto multiplicador de dichas inversiones y la creación de fuentes de empleo.
En el caso de las licitaciones 20 y 21, los montos estimados de recaudación de 6 mil millones de pesos, se encuentran muy por encima de la postura inicial fijada por INDABIIN, el órgano de gobierno encargado de administrar y valuar los bienes nacionales. Por lo tanto, no existe una merma en la asignación del espectro. Sólo resta valorar y tomar la decisión.
*Especialista en Telecomunicaciones y Radiodifusión.
