Por Alberto Barranco, publicado en El Universal
Hasta el fin de semana pasado las señales enviadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones hablaban de suspender indefinidamente la licitación del espectro de la banda de 1.7 gigahercios para telefonía celular, lo que obligó el lunes a Nextel a salir a los medios para presionar al organismo.
En la coyuntura del titubeo de ésta, el grupo Salinas, propietario de Iusacell, le envió una carta a la Auditoría Superior de la Federación para exigirle suspender el concurso, argumentando una pérdida de ingresos al gobierno de cuatro mil 800 millones de pesos, ante el absurdo de que el binomio Televisa-Nextel se adjudicara una red nacional de 30 megahercios pagando sólo 180 millones 300 mil pesos.
En el intermedio, empero, llegó al escritorio del impugnado presidente del organismo, Mony de Swaan, un análisis del grupo de consultaría Stopel, experto en telecomunicaciones, en el que advertía que “cualquier modificación en los resultados de la licitación no sería bien recibida y afectaría las futuras inversiones en la industria de las telecomunicaciones en México”.
Más aún, se hablaba de que “se dañaría de manera irreparable el de por sí endeble entorno competitivo del mercado inalámbrico en México”.
El texto resultó algo así como la señal divina esperada para seguir el camino, por más que el resultado se lanzó tímidamente en el perfil del organismo hacia la noche del martes.
