Por Alberto Aguilar, publicado en El Universal
No hace mucho le adelantaba de la nueva cadena de televisión nacional de la que ya dispone el gobierno a través del Canal Once, concesión que le pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN).
La semana pasada el presidente Felipe Calderón formalizó la ampliación de la red de ese canal a 8 ciudades más, con lo que llegará a una cobertura de 42 millones de personas.
Como lo reconoció Calderón la suma de Guadalajara, Morelia, Jalapa, Coatzacoalcos, Veracruz y Los Mochis es sólo un paso para que el Estado disponga de una cadena pública nacional.
Pronto se estará también en Monterrey, Durango, Mérida y Oaxaca, con lo que antes de que finalice el 2010 se alcanzará a la mitad de la población de México.
La cadena constituye un giro de 180 grados a la política televisiva con la que el gobierno se había manejado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se desinvirtió de Imevisión que adquirió Ricardo Salinas.
A los expertos ya había llamado la atención el sigilo con el que se creó el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales en marzo.
Justo el convenio que se suscribió hace unos días por el IPN que lleva Yoloxóchitl Bustamante fue con ese organismo que está a cargo de Alejandro Ordoño. El asunto, como era de prever, levantó toda serie de comentarios, entre ellos el relacionado con el posible uso de ese canal con fines electorales para 2012.
Se hizo énfasis obviamente en la falta de transparencia en la formación de la nueva entidad de Segob y no se diga la nueva cadena nacional.
El titular del Canal Once Fernando Sariñana puntualizó que los contenidos no los decidirá Segob ahora a cargo de Francisco Blake, y que el convenio que se suscribió con esa dependencia fue sólo para hacer uso de la infraestructura del Estado.
Habrá que dar el beneficio de la duda, aunque por otro lado hay que reconocer que la tentación es mucha, sobre todo si no se establecen mecanismos de control.
La misma Bustamante Diez dijo que el Once busca complementar la oferta de la TV privada con producción del Estado orientada a generar programación educativa, cultural, científica, tecnológica e informativa.
Alejandra Lajous, quien fuera directora del Canal Once hasta el 2000, hace ver que una TV de servicio público debe sustentarse en la libertad de expresión, y ésta sólo se puede ejercer a partir de una real independencia del gobierno.
La autonomía de gestión obliga a su vez a una transparencia administrativa, con mecanismos de rendición de cuentas que deben estar regulados por un estatuto. La credibilidad en contenidos se logra vía una programación con libertad de expresión y equidad en el acceso a los distintos actores políticos.
La misma Lajous hace ver que todo ello se contrapone al Organismo Promotor de Segob, cuya sola existencia deforma el concepto de TV de servicio público.
Amén de la autonomía administrativa, también sería indispensable para evitar una TV gubernamental, el separar la selección del director general de quien provee los recursos económicos, en este caso el gobierno.
La duración de su encargo tendría que estar desfasada con el cambio de poder Ejecutivo y su labor apoyada en un consejo directivo integrado por entidades autónomas.
Los mismos fondos tendrían que ser autorizados por el Congreso a fin de blindar la línea editorial.
Así que el gobierno de Calderón tiene en su mano el optar por una televisión de verdadero servicio público o de Estado, o bien por una televisión gubernamental que ya conocimos hace poco más de una década y que no fue ni la más efectiva, ni la más eficiente. Habrá que ver.
*La semana pasada Joaquín Vargas presidente de MVS se entrevistó con Juan Molinar de SCT, para avanzar en las negociaciones relacionadas con la tenencia de espectro que tiene ese grupo en la banda 2.5 Mhz.
Le adelantaba de esas conversaciones que buscan destrabar una vieja controversia legal que hay entre MVS y el gobierno, para lo que hace a la definición de los 190 Mhz involucrados.
Aunque se caminó, aún habrá que esperar, puesto que faltan por definir la cantidad de megahertz que se podrá quedar MVS para arrancar su proyecto de Wi-Max para servicios de transmisión de datos de alta velocidad en alianza con Clearwire Corporation de Craig McCow e Intel de Scott Overson. También se discutió la contraprestación a pagar y sobre todo del precio a establecer, que es el punto más complicado, dada la participación de la SHCP que lleva Ernesto Cordero. Una opción a manejar es que el Estado subaste lo que recupere, y que consecuentemente sea el mercado el que determine el valor. Claro que no hay nada definido.
