Por Regina Santiago Núñez, publicado en La Razón
El atentado del jueves 15 de julio en Ciudad Juárez tuvo características especiales que lo identifican como parte de una estrategia de propaganda criminal cuyo propósito es generar terror. Al día siguiente, tras muchas horas de incertidumbre provocada por rumores y fallas en la comunicación gubernamental, el comandante de la 5ª Zona Militar de Chihuahua informó oficialmente que se habían encontrado 10 kilos de explosivos y un celular en el lugar de los hechos.
Confirmó así que el atentado se realizó con un coche-bomba. Pero, más que eso, confirmó que las dependencias encargadas del combate al crimen son incapaces de coordinarse en materia de comunicación. El mensaje es inquietante: ¿Puede pensarse entonces que se coordinan en la estrategia y los operativos anticrimen? Un atentado con coche-bomba es un acontecimiento muy grave del que no se puede informar a la opinión pública nacional e internacional mediante filtraciones. Sin embargo, eso fue lo que hicieron los funcionarios de la Policía Federal que ofrecieron detalles de la investigación a agencias internacionales como Reuters y AP, a condición de que se omitiera su nombre, porque no estaban autorizados para hacerlo.
Un acontecimiento de tal relevancia tampoco puede ser tomado de bote-pronto en un desayuno con la fuente, como lo hizo el Procurador, quien negó enfáticamente que se tratara de narcoterrorismo” y dijo que no podía confirmar que se hubiera tratado de un coche- bomba. El comandante de la zona militar luego salió a desmentir el desmentido del Procurador a las filtraciones de SP.
La cobertura de medios nacionales e internacionales destacó no sólo que la aparición del coche-bomba se trata del primer acontecimiento de este tipo en México, sino que evidencia una más de las contradicciones entre la PGR y las fuerzas armadas (recordemos el antecedente del desmentido que hizo la PGR a un comunicado de la Marina en que informó del hallazgo de material explosivo en una casa en la colonia Roma, del DF).
La noche de ese mismo viernes tuve oportunidad de analizar este caso en Foro TV Agenda Pública, con José Carreño Carlón y Mario Campos. Retomamos algunas reflexiones que hemos compartido en el Observatorio de Medios de la Universidad Iberoamericana. Los académicos que participamos en ese foro hemos planteado desde hace mucho tiempo la necesidad de considerar que el crimen tiene una estrategia de comunicación sofisticada y que los periodistas y los funcionarios deben estar preparados para enfrentarla.
Los académicos debemos alertar sobre lo que observamos y promover que el ciudadano reciba información de calidad. Promover también la necesaria rendición de cuentas cuando periodistas o funcionarios fallan en sus tareas. Esa misma noche un comunicado anunció que Alejandra Sota sustituirá a Max Cortázar en la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia. El documento menciona como parte clave de las funciones del área “el trabajo realizado para ordenar el proceso de comunicación a nivel de la Administración Pública Federal y articular el mensaje del Gobierno en su conjunto hacia la sociedad mexicana”.
Esa misma noche la SSP difundió un video en que Jesús Acosta Guerrero, El 35, “por quien se detonó un coche-bomba este jueves en Cd. Juárez”, asegura que tienen una estrategia de comunicación en la que los mensajes que dejan buscan asustar a los federales y a la población.
El presidente Calderón ha hecho un buen diagnóstico al señalar que la estrategia anticrimen debe tomar en cuenta el problema de la “guerra de percepciones”. Pero la estrategia gubernamental no está siendo eficaz en materia de comunicación. Es importante evitar que a los horrores de la guerra se sumen los horrores de la incomunicación gubernamental. Ahí está el reto.
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