Por Purificación Carpinteyro, publicado en Reforma
En la historia moderna, México nunca atravesó por una crisis de la vida nacional de dimensiones semejantes a la que hoy vivimos. La descomposición de las instituciones y la ausencia de una clase política que marque directriz; y el retroceso de la economía y la incalificable ausencia de seguridad de la población, que en muchos casos se juega la vida o la de los suyos, por acudir al trabajo o a la escuela, marcan a esta época como catastrófica. Pero ante la magnitud del desastre se opta por el escándalo para desviar la atención de un Estado que se nos desmorona en las manos.
La existencia de componendas políticas no debiera sorprender a nadie, siempre han operado aunque raramente fuesen reveladas. Pero los arreglos más peligrosos son los que se mantienen velados y que apenas alcanzamos a adivinar.
El estigma de México como país de monopolios nos lo ganamos a pulso. Pero no se puede señalar al viejo régimen como único culpable, cuando desde que comenzó el gobierno del cambio nada se ha hecho por controlar su poder. Por el contrario, se concedieron más privilegios a través de los que consolidaron su fuerza hasta rivalizar con la del Estado, poniendo en riesgo nuestra incipiente democracia.
Hace unos años que se abrió una venta de oportunidad; de aprovecharse habría propiciado la competencia entre dos de los más poderosos grupos económicos, ambos dispuestos a preservar sus privilegios y su presencia en los territorios que controlan, o a morir en el intento. El gigante de las telecomunicaciones, Telmex/Telcel, confrontando al todopoderoso Grupo Televisa, dueños y señores de los medios masivos de comunicación.
Pero la teórica apertura democrática generó la necesidad apremiante de la clase política de ganarse la buena voluntad de los medios masivos de comunicación, sea para mantenerse en el poder, recuperarlo o alcanzarlo; y la pagaron otorgando privilegios nunca antes vistos.
Así, Televisa, concesionaria de los canales de TV abierta 2, 4, 5 y 9, con sus 220 repetidoras y 33 estaciones locales, no sólo obtuvo el refrendo gratuito de sus títulos hasta el 2021; sino que además recibió cuatro canales adicionales para la anhelada transición digital, cerrando espacios para nuevos entrantes. Lo mismo obtuvo Televisión Azteca para sus canales 7 y 13 y sus repetidoras.
Por si fuera poco, en plena contienda electoral en el 2006 y con la consigna unánime de los principales candidatos a la Presidencia, el Congreso aprobó la defenestrada “Ley Televisa”, posteriormente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Además, amparados por el “Acuerdo de Convergencia”, Cablevisión y otras empresas de TV por cable obtuvieron la aprobación para ofrecer servicios de telecomunicaciones en competencia con Telmex, en tanto que se sujetaba a éste para que no pudiera competir con una oferta de TV de paga. Que las prácticas monopólicas de Telmex hacían imposible que se aceptara su entrada a ese nuevo mercado: es cierto. Pero la actuación de Televisa y las cableras también dejan mucho que desear.
Pero eso no es todo: a Televisa, dueño mayoritario de Sky -prácticamente única empresa que ofrece TV de paga vía satélite en el país- y de Cablevisión, que ofrece TV por cable de manera exclusiva en el Valle de México, se le autorizó, primero, la compra del control de Cablemás, que opera con exclusividad en 49 ciudades del país; y poco después, la adquisición del 50 por ciento del capital de TVI, la cablera del área metropolitana de Monterrey y otras ciudades del norte. En estas regiones no existe más alternativa que Televisa: llámese Sky, Cablevisión, Cablemás o TVI.
Y si de arreglos cuestionables se trata, no puede omitirse el pactado por 175 cableras para dividirse el mercado de TV por cable, e impedir la entrada de nuevos competidores. El método: un acuerdo de exclusividad para la compra y distribución de canales de televisión por cada cablera en el ámbito de su concesión. Exclusividad que casualmente no aplicaba ni a Cablevisión, ni a Sky.
Por si lo anterior fuera poco, los ganadores en el proceso de licitación de frecuencias en 1.7 GHz, por las que según sus reglas únicamente podrán competir Televisa y Nextel, ahora aliados, obtuvieron del Congreso un incentivo fiscal que los relevará del pago de derechos por dos años.
Tantos privilegios a cambio de qué. Si de contubernios se trata, no son los conocidos o revelados con circo, maroma y teatro los que realmente afectan. Sino aquellos que pueden intuirse y que deberían combatirse, por el bien de México, de nuestra democracia y la población.
