Telecom: siguen atorados en lo básico
Por Alicia Salgado publicado en Excélsior
Axtel-Avantel presentará la semana entrante su recurso de revisión que emitio la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Las tarifas que se aplican son sustancialmente distintas entre operadores.
¡Qué entuerto!… Ahora si tendrá que entrar al quite el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, pues Axtel-Avantel, que encabeza Tomás Milmo, presentará la semana que entra su recurso de revisión sobre la resolución que emitió la Cofetel (ya sabe que ahí no hay recurso de reconsideración como en la CFC de Eduardo Pérez Motta).
Como sabe, las tarifas que aplicó el órgano regulador a Telcel de Daniel Hajj fueron sustancialmente distintas a las destinadas a Telefónica, de Francisco Gil, y a Iusacell, que dirige Gustavo Guzmán, pues las primeras se basan en un modelo de costos y las segundas en el acuerdo de la industria. Lo curioso es que ambas violan la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues en tanto la CFC no determine que hay prácticas de dominancia, no se deberían aplicar tarifas asimétricas.
Como sea, se dice que será Molinar quien decidirá y lo que opine puede provocar un efecto dominó interesante, pues todas las empresas de telefonía fija se beneficiarán directamente y ahí incluya a todas las cableras, a Televisa de Emilio Azcárraga con su Bestel, a Alestra y Axtel-Avantel.
Si la subsecretaria Hernández le copia a Del Villar y aplica su modelo de costos, dicen que tendría cara el conflicto que derivó en la salida de Luis Téllez de la SCT, con tres amparos en curso, pero si ratifica que se aplique el acuerdo de la industria, habría una severa separación de la política adoptada en estos dos años y medio para equilibrar la competencia en el mercado de telecomunicaciones. También tendrá que definir si se mantienen tarifas asimétricas de facto a Telcel, la cual probablemente recurra al amparo directo.
Tenga en cuenta que después de notificados, los operadores tienen 15 días para presentar el recurso de revisión ante la SCT, ya pasaron nueve. Esta resolución tiende a reducir considerablemente los ingresos de las empresas operadoras de móvil al contraer el que se considera como un subsidio de los usuarios de telefonía fija a móviles.
Y, por cierto, parece que ya en la SCT y la Cofetel le están diciendo a Axtel que le baje al precio a sus usuarios. Como dicen por ahí, con lo que ha ganado se compró Avantel, pues Milmo no ha trasladado a sus clientes la reducción de tarifas dizque porque tienen que litigar mucho y crear fondos de contingencia litigiosa. ¡Qué cinismo!
Ayer por la noche se alcanzó un acuerdo final para destrabar la miscelánea de outsourcing, transparencia y la que conducirá a la reforma de la Condusef que, como recordará, estaba detenida en la Comisión de Hacienda, que encabeza el priista Jorge Estefan, por la falta de acuerdo sobre la forma en que se había legislado la captación de ahorro de terceros comercios que pudieran ser contratados por bancos, más cuando ese tercero puede ser parte relacionada como es el caso de Wal-Mart o Banco Azteca.
Al final, el acuerdo es que se mantiene el límite de 25% a la captación que puede hacer un banco con un corresponsal con el que tiene parte relacionada y la CNBV podrá autorizar que ese límite se eleve hasta 60%, y si no es parte relacionada el comercio no habrá limite, porque el riesgo de captación corre plenamente por cuenta del banco. Difícil negociación, pero aún falta ver si hay tiempo para sacarla del Congreso. Creo que Banco Wal-Mart podría ampararse.
En otra, le cuento que en el foro al que convocó el senador priista Eloy Cantú, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, en el que se discutió la iniciativa del senador Federico Döring para ampliar las facultades de los corredores públicos al ámbito inmobiliario, lo menos que ocurrió fue que todos los juristas invitados y reconocidos les dijeron a los legisladores que, de aprobar tal ampliación, incurrirían en una clara inconstitucionalidad.
Entre los presentes estaban el presidente de los corredores públicos, Manuel Rodríguez Villamil (corredor de Mérida) y el presidente de los notarios, Heriberto Castillo. Por la claridad de su exposición destacó José Gamas Torruco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien comentó que la iniciativa no era congruente con la división de facultades entre la Federación y los estados.
Por su parte, alguien que conoce en serio de inconstitucionalidades, porque lo mismo ha sido legislador que litigante, es el abogado Salvador Rocha Díaz, quien coincidió en el hecho de que la iniciativa era inconstitucional porque la materia inmobiliaria está reservada por la Constitución a los estados, más cuando la notarización inmobiliaria es una facultad que en todas las entidades se reserva al Ejecutivo y éste la concesiona a particulares fijando las tarifas que le debe pagar con el propósito de poder realizarla y coadyuvar así a uno de los procesos de recaudación del predial y registro público de la propiedad, los cuales tienen carácter estatal.
En una nota simpática, después de que Salvador Rocha Díaz le dio una tunda desde un punto de vista jurídico a la iniciativa de Döring (por cierto, no presente en el foro), dijo que desde el punto de vista de litigante le gustaría que la iniciativa se aprobara y fuera ley, ya que, entonces, estaban garantizadas ¡32 controversias constitucionales!, hecho que, como litigante, si le cayeran algunas poquitas, iba a tener mucha chamba.
