Deslinde

Héctor Aguilar Camín, Milenio

 

En el contexto de las notas sobre el amparo que quince ciudadanos promovimos contra el artículo 41 constitucional, porque a nuestro juicio restringe la libertad de expresión, se ha propagado en los medios, particularmente en Tv Azteca, una posición que creo que dista de ser la nuestra y, desde luego, no es la mía.

 

Para Tv Azteca, el artículo referido pone al país al borde de una dictadura comparable a la Argentina de los setentas o el Chile de Pinochet.

 

Soy uno de los quince solicitantes del amparo y debo decir que no comparto esa opinión. No me sumé al amparo porque me parezca que está en riesgo la libertad de expresión como un todo, sino una modalidad específica de ella, que adquirirá importancia decisiva con el tiempo: la libertad de comprar espacios en la radio y la televisión para difundir opiniones políticas.

 

Es esta libertad específica la que está en juego, no la libertad de expresión en su conjunto. Esta goza de cabal salud en México, como puede constatarse todos los días en el mismo noticiero de Tv Azteca, donde campea la libertad de decir lo que quieren .

 

Lo mismo sucede con la libertad de expresión de los firmantes del desplegado, figuras públicas con acceso a los medios, donde se caracterizan por hablar sin cortapisas en ejercicio de su libertad.

 

De modo que no estamos hablando de la supresión de la libertad de expresión en México, sino de una restricción específica a esa libertad, restricción que no parece grave a muchos pero que cobra su verdadera importancia cuando empezamos a ver las tristes consecuencias del resto de la reforma.

 

Una parte defendible de la reforma es que buscaba acotar el poder que alcanzaron las televisoras durante la elección del año 2006.

 

Pero bajo ese paraguas los legisladores hicieron cambios cuyos rasgos negativos crecen cada día: deshuesaron al IFE, amordazaron las campañas políticas y restringieron el acceso de los ciudadanos a los medios.

 

La reforma constitucional, por serlo, es inatacable legalmente salvo, quizá, en la rendija que hemos tratado de ocupar con nuestro amparo instando a la Suprema Corte a actuar como tribunal constitucional y a poner un freno al Congreso en materia del artículo 41.

 

Este es nuestro pleito, no el temor al advenimiento de una dictadura argentina o pinochetiana. Añado que hago este deslinde en la misma calidad con que firmé la petición de amparo: a título estrictamente personal.