David Páramo, Excélsior
En esta columna hemos sostenido que para que México y sus habitantes puedan ser prósperos es necesario que se respeten las garantías individuales y se frene a aquellos quienes extrañan al Estado totalitario o pretenden crear una partidocracia.
He recibido algunos correos, generalmente anónimos, en los cuales se acusa a este columnista de ser una suerte de pluma a sueldo de la iniciativa privada y, lejos de defender los intereses de los ciudadanos, mi actuación corresponde a la de un vocero oficial de Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial o, en abstracto, al empresariado.
Sin embargo, lo que se defiende en este espacio es el derecho de los ciudadanos. Convencido de que la persona debe generar, con base en su esfuerzo, mejores condiciones de vida sin esperar dádivas del gobierno o que otros hagan lo que a la persona le toca.
La reforma electoral que entró en vigor en noviembre, el Cofipe y la torcida interpretación que ha hecho el IFE de estos ordenamientos, van en contra de las garantías constitucionales y los derechos de las personas. Preocupa que la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no esté a la altura de los ciudadanos y parezca más motivada por una malentendida idea de supervivencia ante un poder político que no sólo maneja el presupuesto sino que ya los amenazó con borrarlos del mapa.
A los ciudadanos debe preocuparles lo que está sucediendo y lo que podría pasar hoy cuando la SCJN dé vista al juicio de amparo promovido por Convergencia y Nueva Alianza en contra del Cofipe, donde tendrá que analizar todos y cada uno de los conceptos de violación.
También debe preocupar el que se va a determinar si esta semana, como confía la iniciativa privada, los ministros van a ver si tienen facultad de atracción en los juicios de amparo interpuestos en un tema que han alargado ya indebidamente.
Las afectaciones para los ciudadanos con la reforma electoral y el Cofipe son las siguientes:
Primera. Se coarta la libertad de expresión de los ciudadanos, hoy es en un tema político-electoral, mañana podría ser en cualquier otro ámbito que los legisladores decidieran.
Hay simplistas que creen que los afectados son los medios de comunicación, pero en realidad el ciudadano es el dañado, puesto que se viola el primer artículo de la Constitución, en el cual se garantiza que las personas podrán expresar libremente sus ideas y opiniones. Con la reforma se vuelve a un Estado represor que puede determinar, a través de sus órganos, qué opiniones pueden dar los ciudadanos.
Segundo. Se limita la libertad de los ciudadanos para asociarse y reunirse libremente, como lo garantiza el artículo 9 de la Constitución. Con las reformas, los ciudadanos no pueden participar en los medios de comunicación o convocar a reuniones, porque resulta que son prohibidas. No importa si el ciudadano paga el espacio o acude libremente.
Tercera. Se viola el artículo 35 de la Constitución, en la cual se garantiza el derecho a votar y ser votado. Se impide a las personas ser candidatos a puestos de elección popular si no son miembros de un partido político. Convergencia y el PAN son dos instituciones que, al menos en el discurso, promueven abiertamente esta vía y se contradicen en los hechos.
Cuarta. Se impide a los ciudadanos conocer quiénes son los candidatos a los puestos de elección popular. Las restricciones que se imponen no sólo a las campañas sucias sino a la propagación de la hoja de vida de los candidatos disminuye la posibilidad de tomar una decisión informada.
Llama la atención y preocupa la pasividad de la sociedad civil, puesto que no se trata de un tema de medios, empresas, grupos de iniciativa privada o intelectuales, sino de uno que daña los derechos fundamentales de los mexicanos.
