Ciro Gómez Leyva, Milenio
Recibí una carta del director en México de Amnistía Internacional (AI), Alberto Herrera. Lamento cómo interpretó mi artículo de hace ocho días que, bien sabe, se basó en la entrevista que me dio en Radio Fórmula.
Revisé, como me sugirió, el informe 2007 de AI. El capítulo sobre México me parece de una pobreza inquietante. Busqué, para comparar, el trabajo del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), la agrupación fundada por corresponsales en 1981 (www.cpj.org). ¡Vaya comparación!
Para empezar, CPJ divide los casos en confirmados (asesinatos y agresiones relacionados con la actividad informativa) y no confirmados (no existe una relación clara entre crimen y trabajo periodístico). Hay además una categoría de violencia contra personal de los medios que no hace tareas editoriales.
Según CPJ, los últimos periodistas asesinados en México por su trabajo fueron el camarógrafo Brad Will y Roberto Marcos García (Testimonio, de Veracruz), ambos en 2006. De las víctimas de 2007, CPJ pone en la lista de no confirmados a Amado Ramírez (Televisa), Saúl Noé Martínez (Interdiario, Agua Prieta) y Gerardo Israel García (La Opinión de Michoacán), y en la de personal de medios al chofer y los repartidores de El Imparcial del Istmo, Mateo Cortés, Agustín López y Flor Vásquez. Seis casos, ninguno confirmado.
CPJ considera también como no confirmadas las muertes en 2008 de las locutoras triques Teresa Bautista y Felicitas Martínez. Por cierto, detalla cada caso, lo que no hace AI.
Según CPJ, el número confirmado de periodistas muertos o desaparecidos en México desde 1992 es de 14, lo que ubica al país en el lugar 17 de la lista negra, que encabezan Irak, con 127; Argelia, 60; Rusia, 47, y Colombia, 40.
